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 El Tribunal de Atención Permanente impuso como medida de coerción el pago de diez millones de pesos a cada uno de los directivos de Coopegas, y un millón de pesos al administrador.
El juez Cirilo Salomón impuso además a los encartados, acusados de homicidio involuntario, por la muerte de once personas en la explosión de la planta de gas, presentación periódica los días diez de cada mes e impedimento de salida del país, al tiempo de declarar complejo el caso.

El Ministerio Público había solicitado al Tribunal la imposición de 8 meses de prisión preventiva en contra del presidente de Coopegas, Audilio Concepción; el gerente general, Héctor Ramón Vásquez Sandoval; Roberto Antonio Polanco, encargado de Operaciones, y Emilio Yan, encargado de la estación. Una comisión de la Federación de Cooperativas del Cibao Central, encabezada por la directora ejecutiva, Sorayda Disla, estuvo presente en solidaridad con los imputados.

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