Por Orlando Fabián

Demanda en suspensión por ante el TSA.
A que en fecha 23 de Febrero del 2021, de manera ilegal y abusiva, el Consejo del Poder Judicial, procedió a emitir la resolución 001-2021, que deroga y deja sin efecto la Resolución núm. 03- 2019, que establece el Reglamento que organiza el Sistema de Escalafón Judicial y el Sistema de Provisión de Cargos Judiciales, en franca violación a la Constitución y la Ley 327-98, de Carrera Judicial, estableciendo una serie de cambios que afectan derechos adquiridos una gran parte de los Jueces de Carrera, muy especialmente en la forma de asignar los puntos para el posicionamiento, asi como el poder traslado forzado otorgado al Consejo del Poder Judicial.
a) Peor aún, en el artículo 10, Párrafo X, se pretende excluir para fines de ascenso aquellos jueces que de conformidad con el CONSEJO DEL PODER JUDICIAL, tenga una evaluación de desempeño insuficiente.
b) Lo mismo ocurre con el artículo 32, que consagra el poder y facultad del CONSEJO DEL PODER JUDICIAL, de trasladar un Juez, en franca violación al artículo 151 de la Constitución, que establece:” Independencia del Poder Judicial. Las y los jueces integrantes del Poder Judicial son independientes, imparciales, responsables e inamovibles y están sometidos a la Constitución y a las leyes. No podrán ser removidos, separados, suspendidos, trasladados o jubilados, sino por alguna de las causas establecidas y con las garantías previstas en la ley”, igualmente violatorio a la Ley 327-98, que PROHIBE DE MANERA EXPRESA LOS TRASLADOS FORZOSOS DE JUECES, cuando en su artículo 18, Párrafo, diece:” Los traslados y los ascensos deben contar con la anuencia previa de los beneficiarios, aún en el caso previsto en el literal b) del Artículo 23 de la presente ley”.


c) A que estamos en presencia de unas disposiciones nulas de pleno derecho, que afectan considerablemente derechos adquiridos de aquellos Jueces y Juezas, que ya tienen un posicionamiento, escala y puntuación en el Escalafón Judicial, que ha servido de base a los ascensos de los últimos 20 años, y que por tanto tienen prioridad para ser beneficiados por dicha medida; Derechos que se pretenden eliminar a través de la modificación de un reglamento por parte de un CONSEJO DEL PODER JUDICIAL, que solo le quedan menos de 4 semanas, que no quiso proponer ningún ascenso en función del actual escalafón, violando su propia ley y resolución, lo que a todas luces parece un movimiento premeditado de favores a sus partidarios
d) A que no solamente estamos en presencia de un reglamento que viola derechos adquiridos, garantizados por el articulo 110 de la Constitución Dominicana, sino violatorio a la Ley 327-98, de Carrera Judicial, la cual no puede ser modificada por la via resolutoria, como es el caso de los traslados discrecionales, pues la inamovilidad de los Jueces garantizada por la Constitución, NO ES UNA GARANTÍA A FAVOR DE LOS JUECES, ES UNA GARANTÍA A FAVOR DEL CIUDADANO A UN JUEZ NATURAL, IMPARCIAL Y LIBRE DE AMENAZAS, ANTE ARBITRARIEDADES, POR DECISIONES QUE TOME, de ahí que el Párrafo de la ley 327-98, en consonancia con la constitución, establezca: “PÁRRAFO.- Los traslados y los ascensos deben contar con la anuencia previa de los beneficiarios, aún en el caso previsto en el literal b) del Artículo 23 de la presente ley”, TRASLADOS QUE EL REGLAMENTO DE MANERA ILEGAL CONSAGRA COMO DENTRO DE LAS FACULTADES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL, PEOR QUE HACE UN PODER DE TRASLADO, QUE CONSTITUYE UNA SANCIÓN, EN UN MECANISMO DE EVALUACIÓN LABORAL;

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