El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, explicó hoy que el Ministerio Público es un órgano constitucional facultado para investigar a cualquier persona que cometa un delito sin importar su nivel jerárquico.
En respuesta a las críticas que hacen algunos abogados de que la Pepca se extralimitó al allanar las oficinas de la Cámara de Cuentas, el procurador adjunto señaló que los que piensan así olvidan que el Ministerio Público es un órgano facultado por la Constitución y el Tribunal Constitucional para investigar a cualquier funcionario sin importar investidura.
“Algunos al opinar pasan por alto que el Ministerio Público es un órgano constitucional, el cual tiene como función diseñar y ejecutar políticas de estado contra la criminalidad. Al Ministerio Público le corresponde investigar a cualquier persona que cometa un delito en el país, sin importar su investidura. La Constitución lo faculta para esto y el Tribunal Constitucional así lo reconoce”, detalló el titular de ese órgano persecutor.
Para Eduardo Jorge Prats, abogado del pleno de la Cámara de Cuentas, el Ministerio Público se extralimitó con la intervención a ese órgano fiscalizador y señaló que esos titulares fueron despojados de sus celulares, impedidos de ir a almorzar y solo se les permitía ir al baño custodiados durante las 12 horas de allanamiento a que fue sometido el órgano fiscalizador del Estado.
El jurista, quien se reunió ayer por varias horas con el pleno para conocer sobre la requisa del lunes, sostuvo que le extrañó que Wilson Camacho, titular de la Pepca, dijese que se habían maquillado auditorías, apenas diez minutos después de iniciado el allanamiento.
Sin embargo, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) consideró que el Ministerio Público como órgano responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, tiene la facultad de hacer las diligencias necesarias para recabar las pruebas requeridas y profundizar la investigación y las pesquisas en la Cámara de Cuentas.
En ese sentido, sostiene que el Código Procesal Penal en su artículo 184 faculta al órgano investigativo al registro de locales públicos, de los cuales se incluyen las dependencias estatales.
Los miembros del citado órgano fiscalizador son investigados por obstrucción de la justicia y entorpecimiento de indagatorias sobre corrupción en instituciones estatales.
El artículo 12 de la Ley 133-11 Orgánica del Ministerio Público establece que este órgano podrá requerir la colaboración de cualquier funcionario o autoridad de la República para el cumplimiento de sus funciones, quienes están obligados a prestarla sin demora y suministrar las informaciones, documentos e informes que les sean requeridos.
“El funcionario que se negare a prestar la colaboración requerida o entregar las informaciones, documentos e informes solicitados, incurre en obstrucción de justicia y será sancionado con las penas que dispone el artículo 188 del Código Penal», señala dicha disposición.

Compartelo