Por Danilo Cruz Pichardo

Es una lástima que a los periodistas se les dé jubilación porque pasan hambre y no tienen siquiera para la compra de medicamentos para patologías propias del paso de los años. Desde el punto de vista humanitario hay que darles prioridad a los colegas que se encuentran en esa situación. Sin embargo, hay que abogar por la aprobación de una ley que obligue al Estado dominicano a otorgar pensión a todos los comunicadores que llegan a 60 y ejercieron la profesión durante 25 o más años, indistintamente de la situación social que atraviesen. Es lo que se estila con los médicos y con los maestros, para solo citar dos ejemplos. Se necesita con urgencia una ley que dignifique al comunicador. Una ley que impida que aquellos que trabajan en la administración pública no se expongan a la cancelación cada vez que se produce un cambio de Gobierno. A veces cancelan a los periodistas hasta por caprichos del relacionista público. La Ley 10-91 es un instrumento jurídico desfasado, se requiere de una normativa actualizada, para exigir derechos y no pedir favores a ningún presidente ni a ningún funcionario. Asimismo, esa nueva ley tiene que establecer diferencias entre quienes son periodistas de profesión y aquellos intrusos que, valiéndose del derecho a expresión consagrado en la Constitución, usurpan la profesión en desmedro económico y ético de los auténticos informadores públicos.

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