Requerimos la participación del sector privado para impedir la corrupción así de simple como se oye. Sabemos que los entramados se dan precisamente con la colaboración de la actividad privada en simple contubernio y nos enteramos en cada caso que empresas participan, debe haber sanciones ejemplarizantes y de inmediato. Las empresas deben alentar mediante buenas prácticas empresariales las irregularidades en las negociaciones de licitaciones y contrataciones públicas mediante mecanismos de las denuncias ante la Dirección General de Ética y Transparencia que dirige la Dra. Milagros Ortiz Bosch.

El diseño de procesos y la incorporación de cláusula de integridad en las contrataciones públicas junto a los mecanismos de alto nivel van a contribuir a generar la confianza perdida a través del ejercicio cotidiano en la administración pública. Además de mejorar la confianza de inversionistas que participaran masivamente en estos procesos.

La tecnología para el combate de la corrupción requiere de impulsos adecuados para la modernización administrativa que archiven electrónicamente con seguridad, contra daños y alteraciones que permitan la gestión digital de todos los procesos mejorando la transparencia y supervisión de cada procedimiento. Una política de datos abiertos exige un gobierno abierto a procesos que trabaje arduamente la supervisión para establecer la interoperabilidad de bases de datos de propiedad Estatal que conecte con todas las agencias mejorando el control como la Unidad Antifraudes de la Contraloría General de la República que podrá cotejar los datos.

Un esfuerzo multipropósito en varios frentes debe partir de la presidencia interesada en varios de los aspectos tocados aquí (administrativos, operativos, ejecutivos, legislativos) que garanticen la sostenibilidad de la lucha contra la corrupción tanto a pequeña escala como a gran escala que mejoren sustancialmente y de forma exponencial este problema ancestral que nos persigue en cada gobierno.

Las comprobaciones masivas, cruzadas, entre bases de datos permiten verificar los intereses y los activos financieros mediante los antecedentes de muchas licitaciones a lo largo de los cuatro años de una gestión presidencial. Las estadísticas púbicas de las empresas ganadoras deben ser facilitadas a los organismos de supervisión con los montos ejecutados en cada una de ellas. Asi la Oficina Anticorrupción (Dirección General de Ética y Transparencia) con sus analistas puede tener un listado anual que dé seguimiento estricto a las empresas ganadoras.

Lo cierto es que ningún país puede recuperarse por completo de esa enfermedad conocida como la corrupción, pero los esfuerzos multilaterales para su prevención y combatirla son esenciales para esto es esencial integrarse a la OCDE y el grupo de trabajo anticorrupción como parte de los países que tratan esta “enfermedad” con categoría de peste.