Por Tony Salomón
Los precios del barril de petróleo se mantuvieron por de bajo de los 60 dolares durante un período significativo en el mercado internacional. Sin embargo, en ese mismo tiempo, los precios de los derivados del petróleo en el país fueron fijados de manera arbitraria, violentando el artículo 8 de la Ley 112-00 de Hidrocarburos.
Esta práctica no solo genera desconfianza en la gestión pública, sino que impacta directamente a la economía familiar. Cuando el precio del petróleo baja, lo lógico y justo, es que esa reducción se refleje en el costo de los combustibles. Pero en la realidad que viven los ciudadanos, ocurre todo lo contrario: los precios se mantienen altos o bajan de forma insignificante.
El conflicto entre Estados Unidos, Israel, Irán (Oriente Medio) y otros actores internacionales ha incidido en la volatilidad de los mercados energéticos. No obstante, incluso en escenarios de relativa estabilidad, el comportamiento de los precios internos siguen sin corresponderse con la tendencia internacional, lo que deja en evidencia una política de fijación de precios poco transparente.
Más preocupante aún es el efecto en cadena que esto provoca. El aumento a los combustible impacta el transporte, los alimentos, los servicios y, en general, toda la estructura de costo del país. Es el ciudadano común quien termina pagando las consecuencias de decisiones que parecen más orientadas a la recaudación que a la equidad.
El gobierno, que llegó al poder con un discurso de cambio y compromiso social, hoy enfrenta el reto de explicar porque las medidas adoptadas no alivian la carga económica a la población. No se trata solo de números o estadísticas, sino de la vida diaria de miles de dominicanos que ven como su salario pierde valor frente al alto costo de la vida.
Respetar la Ley de Hidrocarburos no es una opción, es una obligación. La transparencia en la fijación de los precios de los combustibles debe ser una prioridad, así como la rendición de cuentas sobre los mecanismos utilizados para establecerlos.
El país necesita una política económica que proteja a los más vulnerables, que sea coherente con la realidad internacional y que, sobretodo, ponga en el centro al ciudadano. Gobernar no es solo administrar recursos, es garantizar justicia económica.
Porque cuando el bolsillo del pueblo es golpeado de manera constante, lo que está en juego no es solo la economía, sino la confianza en todo un sistema.
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