Cuando la autoridad se rompe, todos perdemos .

Por Ramón A. Rodríguez Veras.
General ®️ de la Policía Nacional, graduado en Seguridad Pública y Alto Mando policial en la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile, en Ciencias Políticas y Gestión Pública en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile y es licenciado en Administración de empresas.

La muerte de Darlin Enmanuel Mercado Reyes no puede despacharse como un simple “exceso policial”, ni tampoco como un episodio aislado en el que basta señalar a un agente y seguir adelante. Sería cómodo, pero falso. Detrás de ese disparo en Herrera hay un país entero discutiendo, a veces con rabia y otras con miedo, qué significa hoy obedecer a la autoridad, qué puede hacer un policía en la calle y hasta dónde puede llegar el Estado cuando un ciudadano se resiste.

La respuesta fácil es escoger un bando. O se defiende al policía porque sale todos los días a jugarse la vida, o se defiende al ciudadano porque el uniforme no da permiso para abusar. Pero esa división es precisamente parte del problema. Una sociedad seria tiene que poder decir ambas cosas sin contradicción: ningún ciudadano tiene derecho a agredir, humillar o desafiar impunemente a un agente en funciones; y ningún policía tiene derecho a convertir una discusión, una resistencia o una falta administrativa en una sentencia de muerte.

En República Dominicana el irrespeto a la autoridad no es una teoría. Se ve todos los días en las calles. Motocicletas sin placas claras, sin seguro, sin luces, sin casco, con dos y tres pasajeros; conductores que se llevan semáforos, ciudadanos que discuten cada retención como si toda intervención fuera un abuso, curiosos que rodean a los agentes, celulares grabando desde el ángulo que más convenga, y una cultura peligrosa según la cual cumplir la ley parece cosa de tontos.

El policía que sale a trabajar en ese ambiente no opera en un laboratorio. Opera en calor, ruido, presión, precariedad, sospecha y riesgo.
Esa parte hay que decirla, porque también es verdad. Muchos agentes dominicanos trabajan con salarios que apenas han comenzado a mejorar, con jornadas duras, bajo entrenamiento desigual y con la sensación de que, si actúan, los graban; si no actúan, los culpan; si se defienden, los juzgan; y si mueren, el país los llora un día y los olvida al siguiente. No hay autoridad pública que sobreviva si la ciudadanía entiende que puede insultarla, empujarla, rodearla o retarla sin consecuencias.

Pero la otra parte pesa igual o más: precisamente porque el policía representa al Estado, está obligado a tener más dominio de sí mismo que el ciudadano común. El uniforme no elimina el miedo ni la presión, pero sí impone un deber superior de control. La pistola no puede ser una extensión del orgullo herido. El arma de reglamento no está para resolver discusiones, ni para castigar faltas de tránsito, ni para ganar una confrontación verbal. Está para proteger vidas cuando no queda otra alternativa.

Ahí es donde el caso Darlin golpea tan fuerte. Según lo informado por el Ministerio Público, el joven se acercó al agente para decir que la motocicleta retenida le pertenecía. Si esa versión se confirma judicialmente, el hecho no habla solo de un policía que falló: habla de un sistema que permite que una intervención menor escale hasta la muerte de una persona. Y también habla de otro desorden que casi nunca se discute con seriedad: el caos de las motocicletas en República Dominicana.

El país tiene millones de motocicletas registradas. La DGII reportó que, a diciembre de 2025, las motocicletas representaban el 57.9 % del parque vehicular nacional. Pero cualquiera que viva aquí sabe que el registro formal no cuenta toda la historia. Durante años se ha hablado de motocicletas traídas por piezas, armadas localmente, revendidas sin trazabilidad suficiente, usadas sin seguro o circulando con documentos débiles. No encontré un registro público que diga cuántas están exactamente en esa condición. Y ese vacío también es una forma de desorden estatal. Lo que no se mide, no se gobierna.

Cuando un agente detiene una motocicleta sin seguro o con documentación dudosa, no está lidiando únicamente con un conductor. Está parado frente a un mercado informal completo, frente a fallas de Aduanas, de DGII, de INTRANT, de DIGESETT, de ayuntamientos, de educación vial y de persecución penal. Entonces el policía termina en la primera línea de un problema que debió resolverse mucho antes, en los puertos, en los dealers, en los talleres, en los registros y en las calles.

Por eso la solución no puede ser solamente “capacitar a la Policía”, aunque hay que capacitarla. Tampoco basta con pedir “mano dura”, aunque hace falta régimen de consecuencias. El país necesita ordenar la relación entre ciudadano y autoridad desde varios frentes al mismo tiempo.

Primero, debe haber una política nacional real sobre motocicletas. No un operativo de dos semanas para salir en televisión. Un levantamiento serio, con cruce de datos entre DGII, DGA, INTRANT, DIGESETT y Policía Nacional. Que se sepa cuántas motos están registradas, cuántas tienen seguro, cuántas placas están vencidas o duplicadas, cuántas circulan sin trazabilidad y cuántas han sido retenidas varias veces. Después de eso, una regularización con plazo razonable y, vencido el plazo, consecuencias firmes. El que pueda demostrar origen lícito y pagar, que regularice. El que no pueda demostrar nada, que no circule. El Estado no puede seguir delegando ese caos al policía de la esquina.

Segundo, toda intervención policial de tránsito o de control ciudadano debe tener un protocolo simple, repetido hasta el cansancio y conocido por la población. El agente debe identificarse, explicar la causa de la intervención, pedir documentos, mantener distancia, evitar insultos, usar comandos claros y pedir apoyo antes de que el incidente se caliente. El ciudadano debe entregar documentos, no forcejear, no rodear al agente, no arrebatar objetos retenidos, no impedir el procedimiento. Si entiende que hubo abuso, reclama después por la vía correspondiente. La calle no puede ser tribunal.

Tercero, hacen falta cámaras, pero cámaras que sirvan. No basta anunciar cámaras corporales o en patrullas si luego no funcionan, no graban, no se custodian bien o no aparecen cuando hay un muerto. Cada patrulla que intervenga en retenciones, arrestos o persecuciones debería tener registro audiovisual. Y cuando ocurra un incidente grave, el país no debería depender de un video de diez segundos tomado por un curioso. Debe existir una línea de tiempo oficial: hora, lugar, agentes actuantes, motivo de la intervención, evidencia disponible, lesiones reportadas, armas usadas y actuaciones posteriores. Eso protege al ciudadano, pero también protege al buen policía.

Cuarto, hay que sancionar de verdad la resistencia a la autoridad. El discurso de derechos no puede convertirse en licencia para el desorden. Si una persona agrede a un policía, rompe una patrulla, obstruye un arresto o encabeza un tumulto para impedir una actuación legítima, debe responder ante la justicia. No con abuso, no con golpes en un destacamento, no con humillación pública: con expediente, prueba y sanción. La autoridad legítima no se defiende con rabia; se defiende con consecuencias legales.

Quinto, la Policía necesita entrenamiento práctico en reducción de conflictos. No charlas bonitas. Simulaciones reales: una multitud rodeando una patrulla; un motorista que se niega a entregar documentos; una madre gritando porque se llevan a su hijo; un joven grabando a dos pulgadas de la cara del agente; un compañero perdiendo el control; una persecución que termina en un callejón. El policía debe practicar cómo hablar, cómo retroceder sin perder autoridad, cómo pedir apoyo, cómo usar esposas, macana, gas, taser u otros medios no letales cuando existan, y cuándo el arma de fuego simplemente no procede.

Sexto, Asuntos Internos debe ser creíble. Para el ciudadano y para el policía. Si investiga solo para apagar escándalos, no sirve. Si protege al agente por corporativismo, tampoco. Si condena mediáticamente antes de investigar, destruye moral interna. La investigación de uso de fuerza debe tener plazos, peritos, revisión de videos, entrevistas separadas, informe público resumido y consecuencias. En los casos graves, el Ministerio Público debe entrar temprano y sin pedir permiso político.

Séptimo, hay que dignificar al policía que hace bien su trabajo. No se puede exigir serenidad profesional a una institución tratada durante décadas como mano de obra barata del orden público. Mejor salario, seguro de vida, apoyo psicológico, defensa legal institucional cuando actúe conforme al protocolo, equipos adecuados, turnos humanos y ascensos por mérito. Un agente agotado, mal pagado, mal supervisado y socialmente despreciado es más vulnerable al error, al abuso y a la corrupción.

Octavo, el ciudadano también debe ser educado. Desde la escuela, desde las licencias, desde las campañas de tránsito, desde las juntas de vecinos. Hay que enseñarle a la gente qué hacer cuando la Policía la detiene. Apague el motor. Mantenga las manos visibles. No insulte. No forcejee. Pida el nombre del agente. Grabe a distancia razonable si desea grabar. Reclame por la vía legal. Parece básico, pero en República Dominicana lo básico se ha vuelto urgente.

El debate público dominicano está enfermo de videos cortos. Vemos quince segundos y dictamos sentencia. A veces el video muestra un abuso real. Otras veces muestra el desenlace de una provocación que comenzó mucho antes. Pero incluso cuando el ciudadano provocó, el Estado no puede perder la cabeza. Esa es la diferencia entre autoridad y violencia.

La muerte de Darlin debe doler sin que eso obligue a odiar a la Policía. Y la defensa de los policías honestos debe ser posible sin justificar una bala injustificada. La República Dominicana necesita una autoridad que se respete, sí, pero el respeto no se impone solo con armas. Se construye con legalidad, conducta, consecuencia y confianza.
Un país donde el ciudadano no obedece a la Policía se vuelve ingobernable. Pero un país donde la Policía puede equivocarse mortalmente sin controles se vuelve peligroso. Entre esos dos extremos está la tarea pendiente: devolverle autoridad al uniforme y devolverle límites al poder.

No es poca cosa. Es, tal vez, una de las discusiones más importantes que debemos tener antes de que otro video, otro joven y otro agente nos obliguen a llorar tarde lo que pudimos corregir a tiempo.