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Aquí no se roban los fondos
públicos.
Tony Salomón
Lo que una pequeña ciudad de Florida puede enseñarnos sobre la administración de los recursos del pueblo
“Aquí no se roban los fondos públicos”.
Esa fue la respuesta que recibí cuando, impactado por el orden, la limpieza y el cuidado del ornato de una pequeña ciudad del condado de Seminole, en Florida —Lake Mary—, pregunté cómo era posible mantener aquel nivel de organización y calidad de los servicios públicos.
La respuesta me motivó a profundizar.
Detrás de aquel hermoso entorno urbano encontré algo mucho más importante que calles limpias y áreas verdes bien cuidadas: una concepción diferente de la administración de lo público.
Existen incentivos para quienes adquieren su primera vivienda. Los trabajadores encargados del mantenimiento de la ciudad cuentan con seguros de salud y sistemas de retiro dignos. Sus hijos, como ocurre con la gran mayoría de las familias, comparten las mismas escuelas y tienen acceso a servicios de salud. La ciudadanía puede utilizar los servicios públicos sin vivir permanentemente bajo el temor de la delincuencia.
Y entonces surgió inevitablemente una pregunta:
¿Por qué aquello que parece normal en una pequeña ciudad estadounidense continúa siendo una aspiración pendiente en República Dominicana?
Nuestros políticos viajan constantemente por distintos países y ciudades del mundo. Conocen sus sistemas de transporte, sus escuelas, sus hospitales, sus parques, sus mecanismos de administración y sus modelos de seguridad.
Visitan ciudades como Lake Mary.
Pero la pregunta es: ¿qué aprendemos de esos viajes y cuánto de lo aprendido estamos dispuestos a aplicar en nuestro propio país?
Porque el desarrollo no consiste solamente en viajar y observar. El verdadero aprendizaje comienza cuando somos capaces de transformar lo observado en políticas públicas.
República Dominicana necesita iniciar una nueva etapa: una política social y económica de inclusión que sustituya las prácticas de extracción de los recursos públicos.
No podemos continuar aceptando que familias y grupos económicos, con la complicidad o permisividad de determinados gobiernos, terminen apropiándose de una parte importante del patrimonio que pertenece a todos los dominicanos.
Los recursos públicos no son propiedad de quienes circunstancialmente administran el Estado. Son patrimonio del pueblo.
En aquella pequeña ciudad de Florida, muchas de las prácticas que lamentablemente hemos terminado normalizando en República Dominicana sencillamente no parecen posibles.
¿Por qué?
Porque existe una ciudadanía que vigila. Una sociedad civil que cumple realmente su función. Instituciones que deben responder. Y ciudadanos que entienden que los recursos públicos tienen dueño: el pueblo.
En el condado de Seminole hay muchos osos 🐻 y venados. Pero, al menos en mi experiencia, no encontré lobos 🐺 disfrazados de mansos corderitos 🐑.
En República Dominicana, en cambio, tenemos que aprender a identificar a quienes llegan al poder vestidos de servidores públicos, pero terminan comportándose como propietarios del Estado.
Es tiempo de que el pueblo dominicano exija.
Exija transparencia.
Exija instituciones fuertes.
Exija rendición de cuentas.
Exija servicios públicos de calidad.
Exija que cada peso del presupuesto sea utilizado para mejorar la vida de la gente y no para alimentar privilegios particulares.
Y, sobre todo, exija representantes que respeten y hagan respetar las leyes.
Regidores, diputados, senadores y representantes del Poder Ejecutivo no deben ser simples ocupantes de cargos públicos. Deben ser servidores de la sociedad y guardianes del patrimonio nacional.
La transformación de República Dominicana no comenzará cuando tengamos más recursos.
Comenzará cuando aprendamos a administrar correctamente los que ya tenemos.
Porque la diferencia entre una sociedad próspera y una sociedad atrapada en sus problemas no siempre está en cuánto dinero posee.
Muchas veces está en algo mucho más sencillo:
Quién administra el dinero público, cómo administra y quién vigila que lo haga correcto.
