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Por Tony Salomón
República Dominicana llegó a 2020 cargada de expectativas. Se prometió modernizar la justicia, combatir la corrupción, manejar con mayor transparencia los precios de los combustibles y reducir el costo de la canasta familiar, entre muchas otras ofertas que despertaron esperanza en la población.
Seis años después, el ciudadano tiene derecho a preguntarse: ¿qué pasó con aquellas promesas?
Hoy enfrentamos un nuevo dilema con el desmonte del arancel al arroz contemplado en el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.
Si el Gobierno honra el acuerdo, la producción nacional puede quedar expuesta a una mayor competencia. Si decide desconocerlo, la República Dominicana pone en juego la credibilidad que debe acompañar a un Estado que suscribe acuerdos internacionales.
No se trata solamente del arroz. Se trata de capacidad de previsión, negociación y defensa del interés nacional.
Gobernar es precisamente anticiparse a estos escenarios.
La República Dominicana también posee condiciones favorables para desarrollar energías alternativas. Pero la pregunta es inevitable: ¿qué política pública seria se está implementando para incentivar a los ciudadanos a producir su propia energía y reducir su dependencia de los combustibles fósiles?
La respuesta tampoco parece estar a la altura de las necesidades del país.
Otra promesa fue la transparencia en los precios de los combustibles. Se dijo que cuando el precio internacional del petróleo bajara, los consumidores recibirían el correspondiente beneficio.
Sin embargo, la percepción de amplios sectores de la población es que los aumentos se reflejan con mayor rapidez cuando sube el barril, mientras las reducciones no siempre llegan con la misma intensidad cuando los precios internacionales disminuyen.
Y como si fuera poco, las dificultades alcanzan hasta el consumo de agua, un recurso esencial para la vida y para el desarrollo económico.
Mientras tanto, el Gobierno continúa administrando problemas que debieron ser previstos y enfrentados con políticas públicas de largo alcance.
El país no necesita más justificaciones. Necesita resultados.
La verdadera evaluación de un gobierno no se hace con discursos, campañas publicitarias ni explicaciones coyunturales. Se hace comparando las expectativas que generó con la realidad que vive la población.
Y cuando las promesas se acumulan, los problemas permanecen y las soluciones no llegan, el ciudadano comienza a sacar sus propias conclusiones.
Una decepción puede ser circunstancial. Dos pueden ser coincidencia. Pero cuando se convierten en una cadena, dejan de ser episodios aislados y pasan a convertirse en una señal política que ningún gobierno responsable debería ignorar.
