La DGCP detectó posibles irregularidades en la evaluación de ofertas, el tratamiento del ITBIS, los estudios previos y la publicación de documentos. La adjudicación queda suspendida mientras concluye la investigación.
Por Alex G. Olivence
Santo Domingo, República Dominicana. – La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), encabezada por Carlos Pimentel Florenzán, ordenó la suspensión cautelar de una licitación pública nacional convocada por la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) para la adquisición de autobuses urbanos, tras identificar posibles irregularidades y debilidades sustanciales en el procedimiento de contratación.
La decisión se produce en el marco de una investigación de oficio iniciada por el órgano rector, con el propósito de determinar si el proceso se desarrolló conforme a las disposiciones legales que regulan las compras y contrataciones del Estado dominicano.
El procedimiento investigado, identificado como OMSA S.A.-CCC-LPN-2026-0005, había sido adjudicado a la empresa CK Trans-Motors, S.R.L., mediante un acta emitida el pasado 16 de octubre de 2026.
Sin embargo, con la suspensión dispuesta por Contrataciones Públicas, queda paralizada la posibilidad de suscribir o ejecutar contratos derivados de la adjudicación hasta que concluya la investigación administrativa.
Cuatro aspectos bajo investigación
De acuerdo con una comunicación oficial fechada el 21 de octubre de 2026 y dirigida al administrador general de la OMSA, Onéximo Antonio González, la DGCP identificó preliminarmente cuatro aspectos que generan cuestionamientos sobre la transparencia y legalidad del procedimiento.
Entre los elementos señalados se encuentran las condiciones establecidas para el tratamiento del Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) correspondiente a la importación de los autobuses.
Asimismo, la institución examina una presunta evaluación irregular de las ofertas económicas presentadas por los participantes.
Otro de los puntos bajo investigación está relacionado con posibles debilidades en los estudios previos que debieron servir de fundamento técnico y administrativo para justificar la contratación.
A estos señalamientos se suma la falta de publicación de determinados documentos del expediente administrativo en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), situación que podría afectar los principios de publicidad y transparencia.
OMSA deberá justificar sus actuaciones
Como parte del procedimiento, Contrataciones Públicas otorgó a la OMSA un plazo máximo de diez días hábiles, contado a partir del día siguiente de la notificación, para presentar un informe justificativo sobre la legalidad de las actuaciones realizadas durante las distintas etapas de la licitación.
La documentación deberá permitir al órgano rector evaluar si se respetaron las disposiciones de la Ley 47-25, su Reglamento de Aplicación, aprobado mediante el Decreto 52-26, así como las políticas y directrices aplicables.
La DGCP advirtió que, si la entidad no presenta sus argumentos dentro del plazo establecido, podrá emitir una decisión administrativa sustentada en los elementos y hallazgos obtenidos durante la investigación.
Contraloría no deberá registrar contrato ni autorizar pagos
Una de las disposiciones más relevantes adoptadas por Contrataciones Públicas consiste en solicitar a la Contraloría General de la República que se abstenga de registrar el contrato correspondiente al procedimiento suspendido.
Igualmente, solicitó que no se autoricen pagos a favor de la empresa adjudicataria mientras permanezca vigente la medida cautelar.
Esta decisión busca evitar que se produzcan compromisos contractuales o desembolsos de recursos públicos antes de que se determine la legalidad del proceso.
Transparencia y vigilancia de los recursos públicos
La suspensión de esta licitación coloca nuevamente sobre la mesa la importancia de fortalecer los mecanismos de supervisión, fiscalización y transparencia en las contrataciones realizadas por las instituciones estatales.
La adquisición de autobuses urbanos representa una inversión vinculada directamente al transporte colectivo y a la calidad de los servicios públicos que recibe la población dominicana.
Por esa razón, cualquier contratación de esta naturaleza debe desarrollarse bajo criterios de legalidad, competencia, eficiencia y correcta administración de los recursos del Estado.
No obstante, es importante precisar que los hallazgos señalados por la DGCP tienen carácter preliminar y no constituyen todavía una determinación definitiva de irregularidades ni de responsabilidades administrativas.
La investigación deberá establecer si existieron violaciones a la normativa y cuáles serían las consecuencias legales o administrativas correspondientes.
La comunicación oficial, identificada con el número DGCP44-2026-004370, fue firmada digitalmente por el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel Florenzán.
Mientras se conocen los resultados definitivos, el procedimiento de adquisición de autobuses de la OMSA permanecerá suspendido, en un caso que vuelve a poner bajo escrutinio los controles institucionales sobre las contrataciones públicas de la República Dominicana.
