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martes, 17 de noviembre 2026
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Opinión

Punta Cana será sede de la XXII Conferencia Internacional Anticorrupción.

Redacción
Punta Cana será sede de la XXII Conferencia Internacional Anticorrupción.
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Por Franklin García Fermín

Punta Cana será sede de la XXII Conferencia Internacional Anticorrupción, un acontecimiento que proyecta al país ante la comunidad internacional y reconoce los avances institucionales alcanzados en materia de transparencia.

La República Dominicana se prepara para convertirse en el centro de atención de la comunidad internacional comprometida con la transparencia, la integridad y la lucha contra la corrupción. Del 1 al 4 de diciembre de 2026, Punta Cana será sede de la XXII Conferencia Internacional Anticorrupción, organizada por Transparencia Internacional, con el respaldo del Gobierno dominicano y del presidente Luis Abinader.

Este acontecimiento tiene una significación histórica: por primera vez, el Caribe será escenario de esta importante reunión mundial, que congregará a más de 2,000 participantes de alrededor de 140 países, entre jefes de Estado, representantes gubernamentales, líderes empresariales, académicos, periodistas de investigación, jóvenes y organizaciones de la sociedad civil.

La elección de la República Dominicana constituye un reconocimiento significativo a los esfuerzos realizados en los últimos años para fortalecer la institucionalidad democrática, promover la transparencia y mejorar los mecanismos de prevención y persecución de la corrupción.

Transparencia Internacional, organización con sede principal en Berlín, Alemania, es una de las instituciones de mayor reconocimiento mundial en la promoción de políticas contra la corrupción. Su Índice de Percepción de la Corrupción constituye una referencia internacional para evaluar la percepción sobre la corrupción en el sector público.

He tenido la oportunidad de participar en dos conferencias mundiales: la de Kuala Lumpur, Malasias y Berlín, Alemania, acompañando a mi esposa Rosalía Sosa cuando fue Directora Ejecutiva de Participación Ciudadana. Es un evento maravilloso y de trascendencia mundial.

Que República Dominicana sea sede es por los resultados obtenidos que reflejan una evolución favorable. En 2020, el país alcanzó 28 puntos sobre 100 en dicho índice; en 2025 llegó a 37 puntos, avanzando nueve puntos durante ese período. Esta evolución constituye un indicador relevante de los progresos registrados durante los gobiernos del presidente Luis Abinader, aunque también evidencia que todavía existen desafíos institucionales por superar.

La propia Transparencia Internacional ha destacado los esfuerzos dominicanos realizados desde 2021 para mejorar la transparencia, fortalecer la independencia judicial y ampliar las garantías para el ejercicio del periodismo independiente.

La lucha contra la corrupción no puede reducirse a una consigna gubernamental ni convertirse en un instrumento de confrontación política. Debe constituir una política de Estado, sustentada en instituciones independientes, controles administrativos eficaces, transparencia en las contrataciones públicas y una verdadera cultura de rendición de cuentas.

En ese sentido, la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial, el fortalecimiento de los organismos de control y la aplicación de la ley sin privilegios ni excepciones son condiciones indispensables para consolidar una democracia auténtica.

La evaluación realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el sistema de integridad de la República Dominicana reconoce avances, pero también plantea importantes desafíos relacionados con la coordinación institucional, la prevención de conflictos de intereses y el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión.

Es necesario comprender que la corrupción no afecta solamente las finanzas públicas. También debilita la confianza ciudadana, distorsiona la competencia económica, reduce la calidad de los servicios públicos y priva a los sectores más vulnerables de oportunidades para mejorar sus condiciones de vida.

Por ello, la integridad debe ser un principio de actuación tanto para los servidores públicos como para el sector empresarial y las organizaciones sociales.

La celebración de esta conferencia permitirá a la República Dominicana contribuir al debate mundial sobre los grandes desafíos que representa la corrupción para las democracias contemporáneas.

Los participantes tendrán la oportunidad de intercambiar experiencias, examinar políticas públicas y promover mecanismos de cooperación internacional frente a fenómenos como los flujos financieros ilícitos, el crimen organizado, el abuso de poder y la impunidad.

También se abordarán cuestiones fundamentales como la protección de los denunciantes, el periodismo de investigación, la integridad empresarial, la participación de los jóvenes y los desafíos que plantean las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial.

El respaldo de la República Dominicana a la realización de este encuentro representa una oportunidad para reafirmar el compromiso gubernamental con la transparencia y el fortalecimiento institucional.

Sin embargo, el mayor significado de esta iniciativa estará en su capacidad de trascender el actual período gubernamental. La lucha contra la corrupción debe mantenerse como un compromiso permanente de la nación, independientemente de quién ejerza el poder político.

Por esa razón, la conferencia debe servir de estímulo para construir una agenda nacional de integridad que involucre al Gobierno, al Congreso Nacional, al Poder Judicial, al Ministerio Público, a los partidos políticos, las universidades, el empresariado y las organizaciones de la sociedad civil.

El país tiene ante sí una oportunidad histórica. Ser el primero del Caribe en recibir esta conferencia mundial representa un reconocimiento a los avances alcanzados, pero también una responsabilidad frente a la comunidad internacional.

El lema escogido, «Encendiendo el poder de la integridad», debe trascender los cuatro días de deliberaciones en Punta Cana. Su verdadero significado dependerá de la capacidad de convertir los debates y compromisos internacionales en políticas públicas concretas y resultados verificables.

No existe desarrollo sostenible sin instituciones confiables; no existe democracia plena sin rendición de cuentas, y no existe justicia social cuando los recursos destinados al bienestar colectivo terminan favoreciendo intereses particulares.

Por eso, el desafío nacional no consiste solamente en organizar exitosamente una conferencia internacional. Consiste en consolidar una República Dominicana donde la transparencia sea una práctica cotidiana, la justicia no tenga privilegios y el ejercicio del poder esté sometido permanentemente al imperio de la Constitución y las leyes.

Que Punta Cana sea mucho más que el escenario de una conferencia mundial. Que marque el comienzo de una nueva etapa de compromisos con la ética, la transparencia y la integridad. Porque la verdadera grandeza de una nación no se mide únicamente por su crecimiento económico, sino también por la honestidad de sus instituciones y la confianza de sus ciudadanos.

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