miércoles, agosto 17, 2022
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¡Borrón 1962-2022!

Por Narciso Isa Conde

Los rostros alegres y efusivos aplausos de balagueristas, perredeistas, peledeistas, perremeistas y sus sanguijuelas, se entienden perfectamente: la partidocracia corrupta obtuvo una victoria de gran envergadura, logrando la impunidad de las fortunas robadas durante los últimos 60 años, con la excepción de 7 meses de Bosch y 4 de Caamaño.

Su Congreso, al aprobar la no retroactividad de la ley que versa sobre la recuperación de lo robado, borró las cuentas viejas comprendidas entre 1966 y 2022… y no sigo hacia atrás porque a Trujillo, su familia y su claque se le confiscaron todas las propiedades, gran parte de las cuales se la cogieron

El regocijo no es solo de la partidocracia. Es también del gran empresariado inescrupuloso, del Conep, de los relacionados de Odebrecht, las corporaciones transnacionales, del generalato criminal, las narcomafias político-sociales, PC-USAID y de quienes acatan la Constitución del 2010.

Conmigo y con quienes pensamos parecidos no van a poder. Ni tontos, ni pendejos, tampoco chupamos engaña-bobos. El borrón de cuentas viejas, valorado en miles de millones de dólares, está consumado. El de la cuenta nueva está impedido por esa ley, pero en un país donde la clase gobernante-dominante se “limpia” con las páginas que no les conviene de las Leyes y la Constitución vigentes, no hay garantías de nada

La culpa no es de Antonio Taveras. Él se fajó para que no fuera así… hasta que le doblaron el brazo. Si algo de responsabilidad tiene, es respetar un orden constitucional que consagra el borrón, una mayoría congresual espuria, un presidente y una Embajada que no merecen respeto, en tanto son pilares de doble moral y poses mercadológicas engañosas para colar en ley el intervencionismo gringo.

Con este tema no podían ser tan descarados como con el Código Penal, dado que la manipulación inteligente del tema impunidad le posibilitó a Abinader ser Presidente y sigue siendo recurso importantísimo para su proyecto reeleccionista.

Pero alegar la inconstitucionalidad de la retroactividad y la segura anulación de la ley en el Tribunal Constitucional, es admitir que impunidad y corrupción son males sistémicos-estructurales y que este pueblo y su Marcha Verde lo que merecían y merecen no es reemplazar un presidente derechista y conservador por otro parecido y montado sobre las mismas instituciones, sino contribuir a que movilizaciones y rebeldías populares logren barrer esta partido-pluto-cracia, para darse soberanamente -al margen de ese Congreso-Porquería- una nueva institucionalidad y una nueva Constitución, mediante proceso constituyente. Confirma también que no basta Procuradora/ror independiente para conjurar la impunidad.


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