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Justicia

COMISIÓN LEGAL DE CANADÁ PROCLAMA INOCENCIA DEL JOVEN PROFESIONAL ODALIS LEDESMA

Fue descargado en primera instancia en un juicio de 2 años y luego condenado en Apelación en una audiencia de una hora; posteriormente la SCJ anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio

Por Alexis Antonio Roa

SANTO DOMINGO. – Un equipo canadiense de alto nivel en materia de derecho y defensa de condenas erradas proclama la inocencia del joven profesional Odalis Ledesma, a quien se le imputa un falso delito de violación sexual.

La comisión, integrada por abogados litigantes, licenciados paralegales, psicólogos forenses y estudiantes de derecho, investigó el caso en el que se acusó en el año 2017 a Ledesma de violación sexual y sostiene claramente que se trata de una falsa acusación y así lo evidencian las pruebas.

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Maria Shepherd, licenciada paralegal, quien además es miembro del Board de Innocence Canadá, ha manifestado su sorpresa con el manejo que se le ha dado a este caso y la condena contra Odalis, luego de haber evidenciado en sus investigaciones la cantidad de contradicciones de la querellante en sus declaraciones y los documentos aportados.

Odalis Ledesma fue declarado inocente en primera instancia en un juicio de más de un año que concluyó en el 2020 declarando la inconsistencia y contradicciones de la querellante, así como las pruebas concluyentes de que no hubo violación sexual. Luego, en el año 2021 la Corte de Apelación en una sola audiencia de una hora condenó a Odalis Ledesma sin considerar los medios probatorios que se reprodujeron en primera instancia.

En septiembre de 2022, la Suprema Corte de Justicia declaró ha lugar el recurso de casación interpuesto por Ledesma, anulando así la sentencia de mayo del 2021 que lo condenó a cumplir 15 años de prisión y además, ordenó que se designe un Tribunal Colegiado para la celebración de un nuevo juicio.

En sus cuentas de Twitter e Instagram (@mamadukes4life) Shepherd publicó lo siguiente: “Respondiendo a la proclamación de inocencia de Ledesma, desarrollé un equipo de apoyo para revisar cuidadosamente su caso aquí en Canadá. De esta manera, ese equipo apoyo de Ledesma se mantiene firme en su inocencia”.

Cabe resaltar que en fecha 21 de febrero de 2023, día en que debió iniciar el nuevo juicio y fue aplazado por segunda vez por la querellante, fue leída la carta enviada al tribunal enviada por Shepherd conjuntamente con Alison Craig, abogada canadiense experta en casos de violación sexual, en la cual sostienen su interés de participar como asistentes técnicos en el caso de Ledesma.

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La defensa de Ledesma ha manifestado que se trata de una gran injusticia, donde la víctima es Odalis Ledesma, quien permaneció en prisión un año y cuatro meses, antes de que la Suprema Corte de Justicia anulara la condena de la corte de apelación de 15 años de prisión.

La fecha pautada para el nuevo juicio es el próximo 28 de marzo, en el cual la querellante otra vez ha solicitado que sea a puerta cerrada. La defensa de Odalis Ledesma espera esta vez que ese pedimento no sea acogido, pues se recuerda que quien llevó el caso a los medios de comunicación por primera vez fue la joven querellante de 39 años de edad. Durante todo el proceso, la querellante no ha venido al país y sus declaraciones han sido por videoconferencia.

Odalis Ledesma es un joven profesional con más de 15 años de experiencia en Administración Pública que ha desempeñado cargos como Jefe de Gabinete de la Alcaldía de Higüey y Viceministro de Políticas Públicas del Ministerio de la Juventud. Ha sido ponente destacado en congresos y conferencias nacionales e internacionales en materias de Políticas Públicas, Planificación y Cooperación Internacional, Empleo y Emprendimiento, Educación y Políticas de Juventud, entre otras.

Posee alta capacitación y práctica en Políticas Públicas y Planificación, y Cooperación Internacional, así como amplia formación en materia Jurídica y Política. Es licenciado en Derecho y Magíster en Dirección Pública, con especializaciones en Cooperación Internacional para el Desarrollo, Negocios Internacionales, Emprendimiento, Coaching y Liderazgo.

Santo Domingo, Distrito Nacional.

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23 de marzo de 2023.-

 

Justicia

Corte confirma auto de no ha lugar

Por Francisco Roman

 Santo Domingo.- La Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra el auto de no ha lugar que el Segundo Juzgado de la Instrucción dictó en favor de Genri Daniel Santana Badía, Biancis Castellanos Miranda, Acción NB, SRL, y Estévez Álvarez y Asociados, SRL, personas físicas y jurídicas que habían sido imputados de violar la Ley núm. 155-17, sobre Lavado de Activos, en el marco del proceso de “El Abusador”. 

La decisión, marcada con el núm. 502-2023-SRES-00187, fue leída íntegramente el 25 de mayo pasado, en cuya parte dispositiva se “Rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha 22 de agosto del 2022 por el Ministerio Público en la persona de la Dra. Ramona Nova Cabrera… y confirma en todos sus aspectos” la resolución dictada a favor de los cuatro encartados, la cual determinó que los hechos que les fueron atribuidos no eran constitutivos de ninguna infracción penal y que carecía de elementos de prueba que fundamentan los cargos formulados.

El tribunal de alzada basó su sentencia en el hecho de que no se verificó un solo de los agravios invocados por el Ministerio Público en apoyo de su rechazado recurso de apelación. 

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“La violación a la Ley núm. 155-17 atribuida a Santana Badía y Castellanos Miranda apenas tuvo lugar en la febricitante sesera de Luis González, destituido titular de la Procuraduría Antilavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Ambos fueron imputados por una suerte de carambola para favorecer personas que indudablemente blanquearon capitales y que, misteriosamente, fueron excluidas de la acusación”, manifestó Julio Cury.

Adelantó que demandarán en responsabilidad patrimonial al destituido fiscal. “Tan huera de fundamento fáctico y elementos probatorios estaba la acusación respecto de Santana Badía y Castellanos Miranda, tan sustentada en apreciaciones medalaganarias, absurdos y falacias, que los daños antijurídicos que se les ocasionaron a ambos serán oportunamente indemnizados por sentencia del Tribunal Superior Administrativo”, agregó el abogado.

Reiteró que la facultad de que dispone el Ministerio Público para acusar no puede ser entendida como un verso libre ni un cheque en blanco, sino que debe ejercerse con prudencia, objetividad, razonabilidad y sentido de justicia, lo que en opinión de Cury no ocurrió en cuanto a Santana Badía, Castellanos Miranda ni las empresas que resultaron acusadas.  

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Justicia

Cormidom exige que se respete decisión de Tribunal

CORMIDOM REITERA RESPETO A LAS LEYES DE RD ANTE FALLO DEL TRIBUNAL LABORAL”

Por Alexis Antonio Roa 
SANTO DOMINGO: La empresa Corporación MineraDominicana (CORMIDOM) informó este martesque respeta las leyes de la República Dominicanay acata la decisión tomada por la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de La Vega, que ordena el desafuero del secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Mina Cerro de Maimón (Sitracema).

Mediante la sentencia laboral 479-2023-SSEN-0071 la corte ordenó el desafuero de Rubén Orlando García Santana (Macho), porque existenpruebas legales en su contra. La sentencia estáfirmada por los magistrados Miguel Patricio Minguijón Abreu, María Altagracia Ramos, Cristian de Jesús Paulino, Ramón Santiago Rosario y Keila Acosta Mena.

Se recuerda que, debido a la huelga promovidapor el señor Rubén Orlando García Santana (Macho), que causó pérdidas significativas para la empresa, los empleados y la comunidad, CORMIDOM se vio en la necesidad de suspender sus operaciones productivas y entrar solamenteen fase de mantenimiento, en un esfuerzo para preservar la seguridad de los empleados y el fututo del negocio.

Yipsy Roa, representante legal de CORMIDOM expresó: “Desde un principio, CORMIDOM ha estado apostando al respeto y aplicación de las leyes en la República Dominicana. En ese sentidorespetamos la decisión de este tribunal”, expuso.

Roa planteó que la empresa reitera sucompromiso con el libre derecho sindical de susempleados, siempre en el marco del respeto a las normativas legales de la República Dominicana.

Solicitó la unidad de todos, la empresa, empleados y comunidad, para generar la confianza de los inversionistas a fin de puedandecidir continuar las operaciones en RepúblicaDominicana y poder reabrir la mina.

La barra de la defensa de la empresa estuvocompuesta por los juristas, Yipsy Roa, Martín Valerio, Miguel Valerio, Juan Moreno, Washington González y Sebastián Urraca.

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Justicia

PGR y JCE firman acuerdo interinstitucional

 

Redaccióntraslaverdsd
SANTO DOMINGO (República Dominicana).-
La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, y el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, firmaron un acuerdo interinstitucional que permitirá el empadronamiento y desarrollo de la información biométrica en los centros de corrección y rehabilitación del sistema penitenciario, mismo que contribuirá con la entrada en vigencia del voto penitenciario.

“Este convenio reviste una importancia considerable, porque reconoce derechos que están consagrados en la Constitución y los reconoce en favor de los más desfavorecidos de la sociedad”, indicó Germán Brito durante la firma del convenio realizada junto al presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, en uno de los salones del órgano electoral.

Germán Brito dijo sentirse emocionada al considerar que con este pacto se devuelve a los privados de libertad parte de su humanidad.

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“Esto tiene una relevancia enorme, porque es un avance en el camino a reconocerle a los privados de libertad su condición humana, que no sean un número encerrado, que ejerzan este derecho y puedan hacer valer su criterio con relación a tal o cual persona o candidato”, puntualizó titular del Ministerio Público.

“El derecho al voto tiene una larga historia de exclusión, por ejemplo, las mujeres fuimos excluidas por muchos años y no hace tanto que se nos reconoció el derecho al voto, entonces esto es importante porque esas personas sienten que pueden hacer valer su opinión, su esperanza, en favor de tal o cual candidato, que creen que responden mejor o tiene una mayor preocupación por su situación”, resaltó Germán Brito sobre el camino recorrido para lograr la obtención de los derechos fundamentales de los ciudadanos, destacando con ello la importancia del acuerdo alcanzado este lunes.

La magistrada reconoció y agradeció la disposición mostrada, en la persecución de este objetivo, por parte del presidente del órgano electoral, Jáquez Liranzo, y del Pleno que dirige la JCE.

“Agradecemos profundamente al magistrado presidente por tener esta iniciativa y por ser tan abierto siempre a la cooperación con nosotros”, precisó.

Por su parte Jáquez Liranzo destacó que la firma de este convenio como un paso histórico dentro de la transparencia democrática y como el inicio del reconocimiento de un derecho fundamental.

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“Como ha señalado la magistrada Miriam Germán, el objetivo fundamental de este acuerdo viene desde el apoyo de la identificación, con su identidad, a través de nuestro mecanismo de biometría, con un fin primero, de que esas personas privadas de libertad, de manera preventiva, que no tienen la pérdida de ningún tipo de derecho fundamental, salvo los que señala el proceso penal, puedan tener para las elecciones del 2024, el derecho al sufragio activo, que es el derecho de elegir”, destacó Jáquez Liranzo.

El pacto, que tendrá una duración de tres años y que puede ser renovado por acuerdo de las partes, establece que la JCE proveerá los equipos requeridos para realizar el empadronamiento y desarrollar la actualización de información biométrica en centros de corrección y reinserción social, así como también facilitará el uso del sistema multibiométrica para los procesos de consulta e identificación de personas, imputados y privados de libertad.

Con ese objetivo, de igual manera, en calidad de cooperación, la JCE proveerá los mecanismos de consulta e identificación de personas, imputados y privados de libertad con información biométrica utilizada en su motor de base de datos.

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