REPORTAJES
Connotados secuestros en Latinoamérica
Por Sebastián Del Pilar Sánchez
Unos años antes del secuestro en Santo Domingo del teniente coronel Donald Joseph Crowley, agregado aéreo de la embajada de los Estados Unidos, perpetrado el 24 de marzo de 1970 por la alta dirigencia del Movimiento Popular Dominicano (MPD), América Latina fue sacudida por el impacto de varios sucesos similares acaecidos en Venezuela, Guatemala, Uruguay y Brasil, entre 1963 y 1970, que tenían como finalidad el intercambio de rehenes por presos políticos.
En ese sentido, se recuerda el secuestro ocurrido en Caracas el 27 de noviembre de 1963 que afectó al coronel norteamericano James K. Chenault, subjefe de la misión militar de Estados Unidos en Venezuela, raptado por las autoproclamadas Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) y un grupo del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que orientaba el diputado Domingo Alberto Rangel.
Los secuestradores con asombrosa audacia ofrecieron al día siguiente devolver al oficial estadounidense a cambio de setenta mujeres supuestamente recluidas en prisiones por motivos políticos y aseguraron en una declaración pública difundida a través de la agencia de prensa francesa, que no liberarían el rehén si el gobierno no ponía en libertad a sus camaradas Héctor Espinosa, Olivia Olivo, Teófilo Rodríguez, Enrique Armas y Teobaldo Solórzano.
Los cinco eran los miembros del MIR y el Partido Comunista que el 28 de noviembre de 1963 raptaron en el aeropuerto de Caracas un avión CV-340 de Aerovías Venezolanas (AVENSA), que cubría la ruta Ciudad Bolívar-Maiquetía llevando 14 personas a bordo, con la idea de utilizar la nave para lanzar volantes propagandísticos sobre ambas ciudades, exhortando a la población a abstenerse de participar en las elecciones convocadas para el mes de diciembre de ese año.
Ese avión fue luego desviado hacia la isla de Trinidad, donde los jóvenes insurrectos solicitaron asilo, que les fue negado por las autoridades de Nueva España que decidieron apresarlos y repatriarlos enseguida a su país, buscando congraciarse con el presidente Rómulo Betancourt que acababa de acusar al gobierno de Cuba de animar la subversión en Venezuela y había pedido a los jefes de Estado del hemisferio americano adoptar medidas enérgicas y definitivas para eliminar el régimen de Fidel Castro por ser una amenaza para la seguridad de todas las naciones democráticas del área.
Los secuestradores del coronel Chenault reiteraron su exigencia de libertad de los presos citados y afirmaron que si no se producía en un plazo de 24 horas, sacrificarían el rehén y tomarían represalias contra los norteamericanos que se encontraban en Caracas en misión oficial. Sin embargo, después de nueve días de cautiverio Chenault fue liberado sano y salvo, lo que fue interpretado como una demostración de que esa operación ya había logrado la notoriedad deseada, que era a final de cuenta su principal objetivo.
Este hecho estuvo precedido de los secuestros del buque mercante venezolano “Anzoátegui” y la estrella de futbol argentino Alfredo Di Stefano, dirigidos también por las FALN el 12 de febrero y el 24 de agosto de 1963, cuya consideración se obvia en este relato, no obstante su relevancia, porque hemos priorizado los casos de figuras diplomáticas y militares como el teniente coronel Michael Smolen, segundo jefe de la misión aérea de los Estados Unidos en la tierra de Bolívar, raptado cuando salía de su hogar, en la mañana del viernes 9 de octubre de 1964, por un comando armado de las FALN, dirigido por el venezolano Carlos Argenis Martínez Villalta, mejor conocido como el comandante Ruiz Martínez y sus compañeros David Salazar y Carlos Rey.
El primero en enterarse de la situación de Smolen fue su jefe, el coronel Henry Lee Choate, quien esa mañana recibió en su hogar una extraña llamada telefónica de un desconocido que apresuradamente le dijo: “El comandante Smolen está en poder de nuestra organización”, colgando de inmediato. El alto oficial se puso a pensar en que esa información podía ser cierta, porque desde 1962 en Caracas y otras ciudades de Venezuela se movían grupos armados de oposición al gobierno de Betancourt y sólo había transcurrido once meses desde el rapto del coronel Chenault. Ese pensamiento motivó que intentara de prisa localizar a su subalterno mediante una visita a su residencia, donde pudo contactar la realidad del secuestro.
El comando de las FALN exigió para liberar a Smolen la suspensión del fusilamiento de un joven vietnamita llamado Nguyen Van Troi, de 24 años, que había sido apresado el 9 de mayo anterior por una tropa del ejército survietnamita aliado de los Estados Unidos, cuando colocaba una potente carga explosiva en la base de un puente cercano a la ciudad de Saigón por donde, en compañía del embajador norteamericano Henry Cabot Lodge Junior, debía pasar el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Robert MacNamara, principal estratega y ejecutor de las operaciones militares que su país realizaba en Vietnam.
En un comunicado público los secuestradores pidieron que Van Troi fuera liberado de inmediato y aseguraron que si era ejecutado, harían lo mismo con el alto oficial estadounidense que estaba en su poder; por lo cual, ante esa amenaza los jefes militares norteamericanos asentados en el sur de Vietnam, ordenaron al gobierno de Saigón que aplazara la ejecución de la sentencia. La misma sería materializada nueve días más tarde, cuando los atacantes de modo precipitado tuvieron que liberar a su rehén en ropa interior en una calle céntrica de Caracas, al no poder resistir el gigantesco cerco policial tendido por las autoridades ni el arresto de más de mil 500 personas, entre las cuales estaban varios de los relacionados con este hecho que terminó siendo un fracaso total.
De su lado, el gobierno de Saigón orientado por los Estados Unidos, reactivó la condena de muerte del joven Van Troi, quien luego de cinco meses de violentos castigos corporales y varios intentos de fuga, fue llevado al paredón en un acto público el 15 de octubre de ese año.
El revés de la izquierda venezolana en el secuestro del coronel Smolen habría engendrado la línea extremista asumida por las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) de Guatemala, respecto a tres diplomáticos de los Estados Unidos que fueron ultimados en esa nación en agosto de 1968; entre ellos el embajador John Gordon Mein, secuestrado y asesinado el día 28 de ese mes, a pocas cuadras del consulado estadounidense, cuando intentó escapar del dominio de una brigada que lo estaba raptando para luego canjearlo por prisioneros políticos. También se radicalizó el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, de Uruguay, en el manejo del secuestro de un antiguo agente de la CIA y asesor de seguridad de los Estados Unidos en América Latina, llamado Daniel Anthony Mitrione, cuyo auto fue chocado el 31 de julio de 1970 en el barrio Malvin de la capital uruguaya por una camioneta matrícula 453-239 que llevaba en su interior a cuatro tupamaros que se apearon a detener su vehículo con armas en manos.
Mitrione fue secuestrado tras ser herido de un balazo en el pecho por la desesperada e infructuosa resistencia que opuso a su captura; siendo conducido a un escondite tupamaro fuera de la ciudad, donde le curaron la herida y fue largamente interrogado por sus captores, quienes además realizaron una grabación en la que exigían al gobierno la liberación de todos los presos políticos que se encontraban en Punta Carretas y en la cárcel femenina de Villa Colón, al norte de Montevideo. Esa era supuestamente la condición para dejar libre a Mitrione y al diplomático brasileño Aloysio Mares Dias Gomide, de 40 años, raptado también esa mañana en su hermosa residencia de la calle Potosí número 2027, en el barrio Carrasco de la capital uruguaya y luego libertado el 21 de febrero de 1971, tras su esposa pagar 250 mil dólares de rescate.
En esos días los tupamaros también secuestraron al embajador de Gran Bretaña en Uruguay, Geoffrey Jackson y al técnico agrario de los Estados Unidos, Claude Fly, quienes estuvieron varios meses en prisión y fueron tardíamente libertados. Esa suerte le faltaría sin embargo a Dan Mitrione que tenía sus horas contadas desde el mismo momento en que fue secuestrado, como ocurrió finalmente luego del comunicado No. 9 emitido por los tupamaros y enviado a la prensa el 8 de agosto de 1970, con su veredicto: “Hoy a las 12 será ejecutado Dan Anthony Mitrione”.
Esa sentencia fue decidida por su condición de agente de la CIA desde 1959, laborando para el departamento de cooperación y administración internacional, donde implementaba programas de seguridad pública y asesoraba a los militares y policías de Uruguay, Brasil y República Dominicana (en 1966), sobre técnicas de guerra para reprimir la insurgencia izquierdista y en la aplicación de métodos coercitivos más enérgicos en los interrogatorios a los presos, como las torturas de choque eléctrico en sus genitales que se convirtieron en una rutina.
Los secuestros en Brasil
Apenas había transcurrido un año de los trágicos sucesos de Guatemala, en los que perdieron la vida militares y diplomáticos extranjeros, cuando se produjo en Río de Janeiro el rapto del embajador de los Estados Unidos Charles Burke Elbrick, de 61 años de edad, durante la mañana del 4 de septiembre de 1969, una semana después de que el presidente de Brasil, mariscal Artur da Costa e Silva sufriera un derrame cerebral que obligó a los militares a separarlo del poder, aunque se tardaron en escoger su sustituto: una junta militar presidida por el general Emilio Garrastazu Médici, quien se había desempeñado como jefe del Servicio Nacional de Informaciones (SIN).
Este acontecimiento obligó rápidamente a los organismos de seguridad de Brasil a incrementar la protección de todas las embajadas y sus dependencias; en particular, la residencia de la señora Elvina Elbrick, esposa del diplomático secuestrado, que tenía sólo un mes viviendo en Río de Janeiro. Mientras la policía iniciaba, por otro lado, una tenaz persecución para apresar al exdiputado comunista Carlos Marighella y al excapitán del ejército Carlos Lamarca, erróneamente considerados como los principales sospechosos del secuestro que se había ejecutado.
También militares y policías implementaron medidas de vigilancia extrema en aeropuertos, zonas costeras y carreteras, intentando bloquear los puntos de acceso a la capital brasileña y localizar a los perseguidos; pero aun así no pudieron evitar que Lamarca evadiera el cerco establecido, trasladándose a la región del Valle de Ribeira, en el sur del estado de Sao Paulo, donde se puso al frente de un movimiento subversivo de carácter guerrillero.
De su lado, Marighella permaneció en Río de Janeiro donde fue objeto de una persecución sostenida, siendo baleado en el pecho en un cine de la ciudad y abatido dos meses más tarde (el 4 de noviembre de 1969) en una emboscada policial, encontrándose a bordo de su automóvil.
Ese dirigente de izquierda había sido el principal organizador de la resistencia al régimen militar de Brasil, además de ser el autor de un manual del guerrillero urbano que planteaba que la tensión sería alcanzada “llevando la inseguridad y la incertidumbre a las clases dominantes, desgastando y desmoralizando a las fuerzas militares de los gorilas”.
Verdaderos autores del rapto de Elbrick
El secuestro del embajador Elbrick era el suceso más importante que se había producido en Brasil desde que fue derribado del poder el presidente Joao Goulart en abril de 1964, por haber dado a conocer su interés en reducir los latifundios y expropiar las compañías de petróleo privadas. Por primera vez el gobierno se había visto precisado a tomar una posición defensiva, sin que pudiera reaccionar de manera rápida y enérgica ante este acontecimiento provocado por un grupo de jóvenes cobijados bajo la bandera del Movimiento Revolucionario 8 de Octubre (MRO-8).
El nombre de esta organización, de reciente formación, recordaba la fecha de la muerte en Bolivia del legendario guerrillero Ernesto Che Guevara y su objetivo era intentar canjear al diplomático por 15 presos políticos, realizando una operación con apariencia de una autentica obra maestra, porque sus autores reales no tenían un claro compromiso con el movimiento revolucionario armado existente en Brasil y su acción política, aunque alteraba notoriamente el futuro del país, no podía ser calificada de un acto típicamente terrorista, no obstante identificarse con la figura del Che Guevara.
El secuestro del embajador Elbrick fue concebido poco después de su llegada a Brasil junto a su esposa, en el mes de junio de 1970, según reveló el periodista Fernando Paulo Nagle Gabeira, uno de sus protagonistas, en una entrevista con el periodista Sergio Berrocal, de la agencia francesa de prensa, fechada el 1 de abril de 2019.
Este comunicador ilustró que la operación careció de planeamiento meditado, pues surgió casualmente durante una conversación informal entre amigos de clase media, ninguno de los cuales había participado en la vida política, aunque estaban sumamente disgustados con la instauración en Brasil de una dictadura militar desde 1964.
Nagle Gabeira reveló que en dicho diálogo alguien ofreció la información de que el diplomático pasaba todos los días por su casa y “un día que estábamos charlando se nos ocurrió que no estaría mal secuestrarlo, pero enseguida nos pusimos a hablar de cualquier otra cosa y nos olvidamos del tema”.
Dijo que poco más tarde surgió en ese grupo la idea del rapto, con la intención de obligar al gobierno militar a soltar algunos presos políticos que estaban padeciendo torturas en la cárcel; pues primaba entre ellos un sentimiento de repulsa a esa realidad y a la dictadura militar, y creían que la mejor manera de expresarla era originando en las calles mucho ruido durante la semana aniversario de la independencia nacional que se iniciaba el día 7 de septiembre.
Añadió que tres días después se ejecutó el secuestro del embajador Elbrick, iniciado cuando salió de su residencia acompañado de su chofer, en dirección a la sede diplomática, situada en el centro de Río de Janeiro. El conductor fue liberado ileso, con una nota que exigía a la junta militar la liberación de 15 presos políticos y la publicación íntegra de un manifiesto de mil palabras, donde el MRO-8 amenazaba con recurrir a la justicia revolucionaria si el gobierno no cumplía en un plazo de 48 horas su demanda de liberar los presos políticos a cambio del embajador.
Los secuestradores reiteraron sus exigencias en mensajes que dejaron en la sacristía de la iglesia “Nuestra Señora de la Gloria” y en una populosa plaza de Río de Janeiro, así como en una carta que hicieron llegar a un conocido periodista y que fue íntegramente publicada en el diario donde laboraba.
Esta realidad provocó la reacción del gobierno estadounidense de Richard Nixon, que hizo saber a la junta militar y al mundo, por medio de Robert McCloskey, portavoz del Departamento de Estado, que era indispensable salvar la vida de su embajador, un amigo apreciado de la familia presidencial. Además de que el gobierno de Nixon dispuso que en Río de Janeiro se tuviera en reserva un tetrarreactor del Military Air Transport, matrícula MAT-Z-437, con la finalidad de embarcar en cualquier momento a los 15 presos políticos.
Así fue que, a las 3:35 de la tarde del sábado 6 de septiembre de 1969, el canciller de Brasil, José de Magalhaès Pinto, anunció públicamente que el aparato que transportaba a los quince presos políticos había despegado veinte minutos antes del aeropuerto internacional de Galeão con destino a México, dejando a los militares golpistas humillados y divididos por haberse visto en la disyuntiva de tener que elegir entre la vida de un diplomático extranjero y el honor nacional, que creían mancillado al convertirse en instrumento de un movimiento revolucionario cuya importancia habían ignorado hasta entonces.
El secuestro del embajador estadounidense en Brasil, Charles Burke Elbrick tuvo que haber repercutido en la izquierda dominicana que desafiaba al régimen de Joaquín Balaguer en 1970; pues seis meses después de ocurrido, se llevaría a cabo en Santo Domingo una operación parecida contra el agregado militar de la embajada americana, coronel Donald J. Crowley. La misma fue capitaneada por el secretario general del MPD, Otto Manuel Morales Efres, utilizando como operadores al dirigente emepedeísta Héctor Antonio Ortiz Jaquez, a su esposa Ivonne Payano y a un exmilitar llamado Rafael Luna Cabrera, quienes junto al ingeniero Amín Abel Hasbún conformaron el llamado comando unitario anti-releccionista que secuestró al referido oficial mientras se aprestaba a jugar polo en las inmediaciones del hotel Embajador y lo mantuvo prisionero durante cerca de 24 horas en una casa del sector Manoguayabo, en la zona oeste de Santo Domingo.
La diferencia de ese caso y el brasileño estuvo en que sus organizadores pertenecían a un partido político de izquierda con un amplio historial de lucha en la República Dominicana y habían participado en un acontecimiento de la trascendencia de la guerra de abril de 1965; mientras que los raptores del embajador Charles Burke Elbrick eran unos muchachos de clase media que habían improvisado la formación del MR0-8, sólo con la intención de expresar su repudio a la dictadura militar que en 1964 derrocó en Brasil al gobierno constitucional del presidente Joao Goulart.
Por último, vale recordar la llamada “Operación Argimiro Gabaldón”, puesta en práctica en 1976 por la Liga Socialista de Venezuela que secuestró en el estado de Bolívar al empresario estadounidense William Frank Niehous y lo mantuvo en cautiverio durante tres años, cuatro meses y dos días, así como el secuestro de la diputada colombiana Ingrid Betancourt, ejecutado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el 23 de febrero de 2002, que tuvo una duración de seis años, cuatro meses y nueve días.
REPORTAJES
Morillo López en la Policía
Por Sebastián Del Pilar Sánchez
En la mañana del jueves 10 de febrero de 1966, el presidente provisional doctor Héctor Rafael García-Godoy designó al coronel José de Jesús Morillo López al frente de la jefatura de la Policía Nacional, para poner coto a la anarquía que padecía la sociedad dominicana por la violación del acuerdo de paz que terminó la guerra civil y formó su gobierno con el compromiso de hacer elecciones libres y conducir el país de regreso al sistema de la democracia representativa.
En una ceremonia realizada en la explanada frontal del Palacio de la Policía, el alto oficial fue juramentado por el vicepresidente de la República y también ministro de Interior, licenciado Manuel Joaquín Castillo, quien colocó en el cuello de su camisa la insignia con el grado de general de brigada y lo presentó como nuevo jefe de la institución ante la plana mayor y otros agentes policiales.
Morillo López pronunció enseguida un enérgico discurso, asegurando que su tarea principal sería crear un clima de paz, garantizar la celebración de elecciones el miércoles 1 de junio de 1966 y tomar enérgicas medidas de control y desarme para derrotar el terrorismo, vencer la anarquía, sin importar su origen, porque no permitiría el debilitamiento del esfuerzo electoral del gobierno por restaurar la democracia.
Una parte de su discurso originó justificada alarma y mucho escalofrío en los sectores de opinión, y fue al decir categóricamente que el “lugar de los terroristas era el cementerio”, una condena distante de la legislación dominicana. Aunque esa frase desafortunada era el fruto de la dura situación que vivía el país y de su llegada a la jefatura policial sumamente presionado por los desórdenes callejeros, el terrorismo ascendente y la denuncia de atentados contra la integridad física del nuncio apostólico Enmanuel Clarizio, el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito y otros personajes del clero.
Además, Morillo López tenía que saber que era inevitable afrontar la hostilidad de un sector oficial que boicoteaba a cada instante el plan de reconciliación nacional que planteaba el Gobierno, por su oposición radical a la reincorporación en los cuarteles de los soldados que durante la guerra civil lucharon bajo las órdenes del coronel Francisco Caamaño.
El referido boicot se había evidenciado con la Batalla del Matum, provocada el 19 de diciembre de 1965 en la ciudad de Santiago por militares de la Fuerza Aérea que fueron instruidos para atacar por sorpresa a los soldados rebeldes al término de los actos religiosos que se hicieron para honrar la memoria del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, en el séptimo mes de su caída en combate.
Igualmente, en el salvaje atropello cometido el 9 de febrero de 1966 por policías y militares que dispararon contra una congregación pacífica de estudiantes de la escuela secundaria y de la UASD, que exigían al Gobierno el reconocimiento de las autoridades de ese alto centro de estudios y el fin de la estancia en los planteles escolares de las tropas invasoras que estaban allí desde el inicio de la guerra civil.
Este evento tuvo un saldo de cuatro muertos y cuarenta heridos y estremeció la conciencia pública, provocando una huelga general que apuntaba a culminar en otro baño de sangre de no ser por la acertada decisión de García-Godoy de relevar de su cargo al controversial ministro de las Fuerzas Armadas, contralmirante Francisco Javier Rivera Caminero y enviar al extranjero -en puestos diplomáticos- a otros oficiales.
Morillo López deploró esta tragedia y aseguró que con el apoyo de la ciudadanía se proponía afirmar el rol policial de guardián de la paz pública y protector de los derechos ciudadanos para que hechos de esa naturaleza no se repitieran.
Valer señalar que la denominada “Masacre del 9 de Febrero” se llevó de encuentro al jefe de la uniformada, general Herman Despradel Brache, quien ocupaba el cargo desde el 19 de enero de 1965 cuando reemplazó al general Belisario Peguero Guerrero, para servir al gobierno del Triunvirato y luego a las tropas del general Elías Wessin durante la guerra civil.
Primer reto de la jefatura de Morillo
La primera prueba de fuego del nuevo jefe policial fue el arbitrario apresamiento del reconocido jurista y presidente del Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC), doctor Antonio Rosario, cuya figura política había gravitado en la opinión pública desde que viajó a Puerto Rico en enero de 1965 a respaldar al profesor Juan Bosch, firmando junto a dirigentes de sus respectivos partidos el famoso Pacto de Río Piedras para luchar unidos por el retorno al ordenamiento constitucional averiado por el golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963.
El arresto de un mocano ilustre, de limpia trayectoria democrática y de indiscutibles aportes intelectuales -emparentado con la familia De la Maza-, conmovió a la sociedad que no se explicaba por qué se había hecho uso de la fuerza policial para maltratar a un antiguo ministro de Trabajo y consagrado educador.
Esta acción represiva se ejecutó el domingo 13 de febrero en la intersección de la calle San Juan Bosco y la avenida 30 de Marzo de la ciudad capital, frente a la “Barra Payán” (famoso negocio de sándwich), y tuvo como responsable a un sargento de la Policía llamado Rafael Estévez Espejo, comandante de una unidad móvil de Radio Patrulla, quien actuó instigado por dos militares de la Fuerza Aérea que intervinieron en la violenta detención de la caravana socialcristiana que encabezaba el doctor Rosario.
Los dirigentes del partido del machete verde -bajo amenaza- fueron obligados a apearse de sus respectivos vehículos con las manos levantadas y se les colocó contra la pared del referido establecimiento comercial, donde se les humilló en exceso al ser sometidos a un espectacular registro en busca de armas de fuego, como si fueran delincuentes peligrosos.
Decenas de personas que transitaban por esa populosa vía miraron asombradas el penoso drama en que se vio envuelto -sin proponérselo- un honorable educador como don Antonio Rosario. Fue una escena deprimente que contradijo, sin duda, la voluntad de pacificación del gobierno y las garantías ofrecidas tres días antes por el recién nombrado jefe de la Policía sobre el estricto respeto a los derechos ciudadanos.
Este desagradable incidente generó muchas críticas, aunque también la forzada disculpa de la autoridad policial y la formación de una comisión investigadora presidida por el mayor abogado, doctor Bolívar Soto Montás, de la consultoría jurídica de la Policía y el capitán Rafael E. Bautista De Oleo, del Ejército Nacional, quienes lograron tranquilizar a la ciudadanía al recomendar prisión para los agentes envueltos en el hecho.
Morillo López manifestó en conferencia de prensa que no se iba a entorpecer la labor que venían realizando los dirigentes políticos en campaña electoral y que la Policía velaría por la seguridad ciudadana, protegería la vida, la integridad y la libertad de las personas para contribuir “a que las elecciones venideras reflejen la verdadera expresión de la voluntad popular”.
Igualmente informó que había enviado telegramas a los comandantes de los departamentos policiales en todo el territorio nacional, que contenían la circular No. 6 de fecha 2 de marzo de 1966, donde se ordenaba poner fin a los registros a dirigentes políticos para evitar la repetición del drama padecido por el doctor Antonio Rosario y sus compañeros socialcristianos. Esta posición iba a tono con las sugerencias del presidente García-Godoy, de ofrecer garantías a los partidos políticos de tolerancia policial durante el desarrollo de sus actividades proselitistas.
Contra la corrupción policial
El 7 de abril de 1966 el general Morillo López inició una campaña de transparencia y pulcritud en los organismos de la Policía Nacional, con el objetivo de mejorar su imagen, la cual culminó con una auditoría, publicada el 17 de julio de 1966, que detectó serias irregularidades en el manejo de los fondos de la Intendencia General.
Este informe provocó la remoción total de los mandos superiores y la puesta en retiro con disfrute de pensión de los tres coroneles que ocupaban los cargos de subjefes; además fue causa de la destitución de un teniente coronel acusado de malversar los fondos del referido departamento.
El oficial imputado fue sometido a un Consejo de Guerra, un procedimiento militar judicial que fue conducido por los doctores Virgilio Payano Rojas, juez y César Augusto Cornielle Carrasco, fiscal, quienes lo encontraron culpable de “crímenes de robo siendo asalariado” y de haber utilizado personal policial bajo su mando en trabajos particulares. Además recomendaron que fuese separado de las filas de la institución de manera deshonrosa, aunque unos años más tarde fue reivindicado y subido de rango, y pudo ascender a las más altas posiciones ejecutivas.
Con ese caso Morillo López demostró su interés en imprimir un manejo ético a la gestión policial, en consonancia con la formación adquirida en el Ejército, en rectitud y orden, desde que se enganchó como un simple soldado en el año 1947 para servir en calidad de mecanógrafo y taquígrafo (secretario) bajo las órdenes del teniente general Fausto Caamaño Medina, ministro de Guerra y Marina, hasta el año 1953 cuando se retiró a la vida civil teniendo el grado de sargento.
Morillo López ingresó a la Policía como segundo teniente el 1ro. de agosto de 1961 y consiguió notoriedad pública al ser designado ayudante del jefe de esa entidad, general Belisario Peguero Guerrero, desde que comenzó su gestión administrativa el 16 de marzo de 1962.
Participó en la redacción de todos los proyectos destinados al fortalecimiento institucional, incluido el de las cantinas policiales, planteado en 1963 durante el gobierno del profesor Juan Bosch con criterio cooperativista, para mejorar las condiciones de existencia de los agentes con menores ingresos. De tal modo que llegó a figurar como vocal en el consejo administrativo de la empresa “Cantina Policía Nacional, C. por A., presidida por el general Peguero Guerrero, aunque no estaba de acuerdo con su carácter lucrativo en beneficio de altos oficiales.
Esa contradicción quebró el afecto que le tenía el general Peguero Guerrero y fue la causa de que se aliara con el coronel Francisco Caamaño, comandante de Radio Patrulla, para hacer llegar a las altas instancias del poder político la denuncia de corrupción en el citado negocio, pidiendo la sanción y destitución del general Peguero Guerrero.
Esa actitud crítica provocó una crisis interna que se detuvo cuando el presidente del Triunvirato, Donald Reid Cabral, removió de su cargo al general Peguero Guerrero, designándolo viceministro de Interior y Policía en enero de 1965, aunque previamente había transferido a Caamaño a la Fuerza Aérea, en donde se encontraba cuando estalló la insurrección militar del 24 de abril; y envió a Morillo López a San Isidro, como inspector general del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas.
Más tarde, en plena guerra civil, el general Antonio Imbert -presidente del Gobierno de Reconstrucción Nacional- lo designó como comandante de la dotación militar del Aeropuerto Internacional de Cabo Caucedo, puesto que ocupaba cuando le llegó la designación de jefe de la Policía, dispuesta por el presidente García-Godoy.
Por último se debe reconocer el empeño de Morillo López en imponer como jefe de la Policía una buena organización y tecnificación en ese cuerpo de orden público, al crear el 17 de mayo de 1966 una escuela de entrenamiento para militares y oficiales, dirigida por el capitán abogado Abraham López Peña, quien era además su eficiente relacionista público.
Bajo la jefatura de este buen oficial se ofreció protección a todos los ciudadanos, sin distinción de ideología política y se demostró respeto al ciudadano. Por eso se le recordará, tal como señaló el profesor Juan Bosch, en la dedicatoria de un libro suyo, “como el jefe de la Policía honesto que no cometió abusos”, ya que fue un devoto servidor de la ley.
REPORTAJES
La violinista Aisha Syed en “Por Amor a través de las Estaciones” junto a Rafael Solano y Luis McDougal
REPORTAJES
Magno evento organizado por la UAGRO presente en el Estado de Guerrero la conferencista Feminista la Dra. Coral Herrera Gómez
Por Araceli Aguilar Salgado
“Hay relaciones que no tienen romanticismo, pero sí mucha responsabilidad afectiva y muchos cuidados.” Dra. Coral Herrera Gómez
Desde Málaga, España nos visita la Doctora en Humanidades y Comunicación, Escritora Feminista e Investigadora Coral Herrera Gómez, quien se dedica a desmontar los mitos del amor romántico y a ofrecer herramientas para que podamos hacer autocrítica amorosa y aprender a cuidarnos y a disfrutar de todas nuestras relaciones
El día de hoy se presentó en la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, en IIEPA IMA UAGro gracias a la Universidad Autónoma de Guerrero, UAGro que encabeza el rector, Dr. José Alfredo Romero Olea a través de la Defensoría de Derechos Humanos y Universitarios que dignamente dirige la Dra. Olivia Álvarez Montalbán nos trajo una invitada de lujo, la Dra. Coral Herrera Gómez quien impartió la Magistral Conferencia “La Construcción Sociocultural del Amor.”
Así mismo mencionó de las enfermedades de transmisión social, para referirse entre otras, al racismo, clasismo, machismo. Es una expresión atinada que denota no sólo la gravedad de esas prácticas, sino que como enfermedades concebidas también se contempla su curación, en la educación y el amor
El amor es una construcción humana sumamente compleja que posee una dimensión social y una dimensión cultural. Ambas dimensiones influyen, modelan y determinan nuestras relaciones eróticas y afectivas, nuestras metas y anhelos, nuestros gustos y nuestros sueños románticos.
La dimensión emocional de nuestra cultura determina nuestra identidad y nuestra forma de sentir a través de los símbolos, el lenguaje, los mitos, los ritos. nuestra tesis es que el poder simbólico se desarrolla paralelamente, e influye poderosamente, en la construcción de la realidad política, económica y social.
El amor romántico, como dispositivo productor de relatos que han conformado nuestra cultura desde la antigüedad a la posmodernidad, por un lado, y como instrumento de control social y económico que perpetúa la familia nuclear, el patriarcado y el capitalismo por otro.
Ella va desvelando la mitificación del romanticismo patriarcal, las utopías emocionales de la posmodernidad, y la existencia de ciertas ideas etiquetadas como normales o naturales, concebidas por nuestra cultura para perpetuar las estructuras sentimentales tradicionales y legitimar la organización económica y política de la sociedad occidental.
La convocatoria y organización la llevó a cabo la Dra. Irma Carreón Gómez, Coordinadora de la Unidad de Género del Cipes Acapulco, la Dra. América Bautista Salgado, Directora de la Facultad de Derecho Acapulco, de la Dra. Olivia Alvarez Montalvàn, de la Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios de la UAGro.
En el evento dio el mensaje de bienvenida el Dr.Marco Antonio Adame Meza, director del IIEPA IMA UAGro.
Esta magna conferencia se desarrolló como parte de las actividades establecidas en el V Diplomado Internacional en Educación en Igualdad de Género y Derechos Humanos en la UAGro “Violencia mediática y digital y no al borrado de las mujeres”.
Extraordinario magno evento en beneficio a la comunidad universitaria.
“Es una ecuación bien simple: donde no hay amor, mejor no estar.”Dra. Coral Herrera Gómez.
Araceli Aguilar Salgado Periodista, Abogada, Ingeniera, Escritora, Analista y comentarista mexicana, del Estado de Guerrero E-mail periodistaaaguilar@gmail.com
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¡EL PUEBLO SE QUEJAS EN VERSOS!
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