El Ministerio Público alerta a la población sobre delitos cibernéticos en tiempo de Covid-19

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La Fiscalía del Distrito Nacional alertó a la ciudadanía sobre el aumento de los delitos informáticos, especialmente la estafa y extorsión, cuyos registros aumentaron desde el inicio de la pandemia de la COVID-19.

La advertencia la hizo la fiscal Marineldy Peña Hernández, encargada del Departamento Investigativo de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Fiscalía del Distrito Nacional, quien explicó que esos tipos penales se realizan mediante el uso de teléfonos inteligentes, celulares y software.

Peña Hernández definió el delito electrónico o cibernético como todo acto ilícito que usa como medio la tecnología de la comunicación y la información con el fin de estafar, chantajear o extorsionar a las personas que realizan compras y transacciones bancarias a través de la vía electrónica.

Indicó que entre los ciberdelitos más comunes y que más se denuncian están las estafas, la obtención ilícita de fondos y la injuria pública.

“La mayor parte de las denuncias son por estafa y llegan a través de la Oficina de Atención Permanente de la Fiscalía, otras a través del Dicat (Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional) y algunas desde los bancos comerciales”, explicó.

Además, aseguró que la estafa se disparó durante la pandemia del coronavirus y la mayoría de las víctimas son mujeres, aunque admitió que también aumentaron los casos de sextorsión, siendo los hombres los más afectados de este delito.

Sin embargo, afirmó que este último es un tipo penal que en la mayoría de los casos no se judicializa, “y esto es porque la víctima tiene miedo y vergüenza de contar su historia ante un tribunal”.

En lo referente a las penas que enfrentan quienes cometen el delito de estafa a través de la red, Peña Hernández dijo que esta infracción tiene sanciones previstas que van de los tres meses hasta los siete años de prisión.

“En cuanto al chantaje, la pena contemplada es cinco años y la obtención ilícita de fondos, que son las más frecuentes y comunes, conlleva condenas de tres a 10 años de prisión”, agregó.

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