Redacciontraslaverdad

 (República Dominicana).- El titular de la Fiscalía de Santiago, Osvaldo Bonilla, y representantes de la Dirección General de Migración (DGM) y de las aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional del Cibao, desarrollaron este jueves una reunión de trabajo en la que definieron las pautas para la elaboración de un protocolo que busca reforzar la seguridad.

Bonilla se hizo acompañar de un equipo de fiscales de diferentes departamentos, en tanto que por la DGM estuvo la directora de Control Migratorio, Yuderka García; el coronel del Ejército Enmanuel Fernández, director de Inteligencia, y José Cruz, director de la DGM en esa terminal.

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Ambas instituciones, junto a las aerolíneas, trabajan en la elaboración de un protocolo que defina las estrategias para la detección y tramitación oportuna de casos relacionados al uso de documentos falsos, suplantación de identidad, y trata y tráfico ilícito de migrantes.

Este plan de acción constituye una novedad en el país y contempla la ruta a seguir para detectar, tratar y notificar a los departamentos correspondientes en la Fiscalía los casos que se registren en esa terminal aeroportuaria, con el fin de tener mejores procesos penales.

En la jornada también participaron miembros de la División Especializada de Investigación contra Delitos Migratorios (Deidem) de la Policía Nacional, quienes reiteraron su apoyo a la persecución de las redes criminales que se dedican a estos delitos.

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SANTO DOMINGO.- La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, retomó este viernes la audiencia para conocer medidas preventivas a los veinte imputados por presunta corrupción administrativa dentro de la llamada operación Calamar, entre ellos tres exministros.

La instrumentalización del caso se inició formalmente el pasado miércoles tras dos aplazamientos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, cuya seguridad fue nuevamente redoblada como medida preventiva tras los enfrentamientos anteriores entre agentes y militantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), formación a la que pertenecen la mayoría de imputados.

Está previsto que en la audiencia de este viernes el Ministerio Público concluya con la presentación del caso y que la defensa de los imputados inicie sus alegatos.

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La Procuraduría General de la República anunció el 19 de marzo el arresto de veinte personas por sus presuntos vínculos con una red de corrupción administrativa que afectó a varias instituciones.

Los principales imputados son los exministros de Obras Públicas y antiguo candidato presidencial Gonzalo Castillo, Donald Guerrero (Hacienda) y José Ramón Peralta (Administrativo de la Presidencia).

Además de los exministros, entre los detenidos figuran el antiguo contralor general de la República Daniel Omar Caamaño, el que fuera director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Luis Miguel Piccirilo, el exdirector de Catastro Nacional Claudio Silver Peña, los antiguos directores de Casinos y Juego de Azar Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández y el abogado y economista Ángel Lockward.

El supuesto entramado de corrupción distrajo a los contribuyentes más de 19,000 millones de pesos y afectó a varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Hacienda, según el Ministerio Público.

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SANTO DOMINGO (República Dominicana) .- La Fiscalía de Santo Domingo Este y Norte logró una condena de 30 años de prisión contra un hombre que asesinó a otro, en un hecho ocurrido en el sector Valiente.

Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado de este distrito judicial, integrado por las magistradas  Josefina Ubiera Guerrero, Ariela Cedano Núñez y Yuri Cuevas de la Cruz, dictaron la sentencia luego de que la fiscal Marlene Roa, demostrara la responsabilidad penal de Richard Mateo en la muerte de Carlos Manuel Ruiz Guerrero.

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El Ministerio Público probó que con sus acciones el hoy procesado violó los artículos 265, 266, 267, 295, 297 y 302 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan la asociación de malhechores y el asesinato, así como también los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Los hechos ocurrieron el 1 de enero de 2020, en momentos en que el hoy occiso y el victimario se encontraban tomando en un lugar de expendio de bebidas alcohólicas del referido sector, donde se produjo una acalorada discusión entre ambos, en medio de la cual Mateo, haló un cuchillo que tenía en el cinto y le infirió una puñalada en la espalda a Ruiz Guerrero, quien, tras caer al suelo, fue auxiliado por su hijastra, Dariana García, quien lo subió a una motocicleta de un vecino, en la que lo trasladó hasta su casa.

Indica que el agresor, no conforme con la estocada, salió del lugar a bordo de otra motocicleta, esta vez en compañía de Wagner Alvares, quien se encuentra prófugo, llegando ambos hasta la casa del herido, Ruiz Guerrero, donde rompieron la puerta de entrada a la residencia y dentro de la marquesina le infierieron tres heridas de armas blanca, penetrante en región dorsal izquierda y región lumbar izquierda, que le provocaron la muerte, según el Informe médico forense marcado con el número SDO-A-0004-2020.

Tras cometer el criminal hecho, los agresores emprendieron la huida, siendo apresado Mateo, por agentes de la DIcrim en la comunidad Verón-Punta Cana, el 21 de enero de 2021.

El dispositivo indica que además de la condena de 30 años de reclusión, el sentenciado deberá pagar una indemnización de dos millones de pesos a favor de los familiares del occiso.

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Por decisión del tribunal, Mateo cumplirá la sentencia en la Penitenciaría Nacional de La Victoria