Redaccióntraslaverdsd
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, y el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, firmaron un acuerdo interinstitucional que permitirá el empadronamiento y desarrollo de la información biométrica en los centros de corrección y rehabilitación del sistema penitenciario, mismo que contribuirá con la entrada en vigencia del voto penitenciario.

“Este convenio reviste una importancia considerable, porque reconoce derechos que están consagrados en la Constitución y los reconoce en favor de los más desfavorecidos de la sociedad”, indicó Germán Brito durante la firma del convenio realizada junto al presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, en uno de los salones del órgano electoral.

Germán Brito dijo sentirse emocionada al considerar que con este pacto se devuelve a los privados de libertad parte de su humanidad.

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“Esto tiene una relevancia enorme, porque es un avance en el camino a reconocerle a los privados de libertad su condición humana, que no sean un número encerrado, que ejerzan este derecho y puedan hacer valer su criterio con relación a tal o cual persona o candidato”, puntualizó titular del Ministerio Público.

“El derecho al voto tiene una larga historia de exclusión, por ejemplo, las mujeres fuimos excluidas por muchos años y no hace tanto que se nos reconoció el derecho al voto, entonces esto es importante porque esas personas sienten que pueden hacer valer su opinión, su esperanza, en favor de tal o cual candidato, que creen que responden mejor o tiene una mayor preocupación por su situación”, resaltó Germán Brito sobre el camino recorrido para lograr la obtención de los derechos fundamentales de los ciudadanos, destacando con ello la importancia del acuerdo alcanzado este lunes.

La magistrada reconoció y agradeció la disposición mostrada, en la persecución de este objetivo, por parte del presidente del órgano electoral, Jáquez Liranzo, y del Pleno que dirige la JCE.

“Agradecemos profundamente al magistrado presidente por tener esta iniciativa y por ser tan abierto siempre a la cooperación con nosotros”, precisó.

Por su parte Jáquez Liranzo destacó que la firma de este convenio como un paso histórico dentro de la transparencia democrática y como el inicio del reconocimiento de un derecho fundamental.

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“Como ha señalado la magistrada Miriam Germán, el objetivo fundamental de este acuerdo viene desde el apoyo de la identificación, con su identidad, a través de nuestro mecanismo de biometría, con un fin primero, de que esas personas privadas de libertad, de manera preventiva, que no tienen la pérdida de ningún tipo de derecho fundamental, salvo los que señala el proceso penal, puedan tener para las elecciones del 2024, el derecho al sufragio activo, que es el derecho de elegir”, destacó Jáquez Liranzo.

El pacto, que tendrá una duración de tres años y que puede ser renovado por acuerdo de las partes, establece que la JCE proveerá los equipos requeridos para realizar el empadronamiento y desarrollar la actualización de información biométrica en centros de corrección y reinserción social, así como también facilitará el uso del sistema multibiométrica para los procesos de consulta e identificación de personas, imputados y privados de libertad.

Con ese objetivo, de igual manera, en calidad de cooperación, la JCE proveerá los mecanismos de consulta e identificación de personas, imputados y privados de libertad con información biométrica utilizada en su motor de base de datos.

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CORMIDOM ABOGA PORQUE PRIME RESPETO A LAS LEYES Y SEGURIDAD JURÍDICA ANTE CONFLICTO LABORAL QUE SE CONOCE EN TRIBUNAL LABORAL DE LA VEGA

Por Alexis Antonio Roa

LA VEGA.- La empresa Corporación MineraDominicana (CORMIDOM) abogó este lunes porque en República Dominicana se mantenga el respeto a las leyes y la seguridad jurídica.

Miguel Valerio, representante legal de CORMIDOM, se expresó en esos términos luegode que finalizara la audiencia en la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de La Vega, que busca declarar la ilegalidad de la huelga del Sindicato de Trabajadores de la Mina Cerro de Maimón (Sitracema). El Tribunal conoció el fondoy se reservó el fallo para darlo a conocer en un plazo de cinco días.

Valerio declaró: “Desde un principio, CORMIDOM ha estado apostando al respeto y aplicación de las leyes en la República Dominicana. Estamosconfiados no solo en la justicia dominicana sinoen la celeridad de la misma. Cada día que pasa la empresa cerrada afecta no solo el ingreso de lostrabajadores, sino también a la empresa, a lossuplidores, la comunidad y al Estado dominicano.”

En ese sentido, agregó que “esperamos que la decisión de este tribunal sea favorable y siente un precedente en materia de respeto a las leyeslaborales en el país”,

Valerio manifestó: “En el día de hoy se compareció ante la Corte de Apelación de La Vega para volver a establecer la ilegalidad de la huelga y las consecuencias legales de la misma. Es una huelga, a todas luces, viola todos losprocedimientos del Código de Trabajo”, manifestó.

El jurista indicó que, a su juicio, la corte va a ratificar la sentencia anterior del miércoles 17 de mayo cuando ordenó el reintegro de lostrabajadores a sus labores en la mina.

Valerio informó que “si la corte decide correctamente, la seguridad jurídica estarárestaurada en la República Dominicana porqueaquí se trata básicamente de un hecho irregular; la huelga se realizó de manera ilegal, ya que el Código de Trabajo establece el procedimiento y el sindicato no cumplió con el mismo, lo cual quedódemostrado fehacientemente en el tribunal”.

De su parte, la jurista Yipsy Roa indicó que “Se realizaron actuaciones que paralizaron lostrabajos de la empresa y se produjo la desconfianza de los accionistas en la inversión enla República Dominicana”.

Martín Valerio, también de la barra de la defensa, añadió que “los directivos de CORMIDOM se encuentran realizando todas las accionesnecesarias para reestablecer la confianza de losaccionistas y al mismo tiempo preservar las instalaciones de la mina, ya que debemosrecordar que se puso en juego la seguridad físicade los empleados y la mina”.

La barra de la defensa de la empresa estuvocompuesta por los juristas, Yipsy Roa, Martín Valerio, Miguel Valerio, Juan Moreno y SebastiánUrraca.

Redacciontraslaverdad
(República Dominicana).– La jueza de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional condenó a un año de prisión a un policía y a un civil acusados de agredir física y verbalmente al Defensor de Pueblo y varios periodistas, durante un incidente registrado hace un año en el Centro de Retención Vehicular, conocido como “Canódromo El Coco”.

La magistrada Evelyn Rodríguez tomó la decisión luego de acoger en todas sus partes las pruebas materiales, audiovisuales y periciales aportadas por la fiscal litigante Cinthia Bonetti, quien demostró que los acusados Starling Antonio Ramírez Sierra (civil) y el sargento de la Policía Nathanael Javier Javier, fueron los principales responsables de la agresión contra el Defensor del Pueblo Pablo Ulloa, su asistente Harold Modesto y el camarógrafo Richard Peña.

El tribunal además establece en su sentencia que los acusados deberán pagar una multa de $5,000.00 (Cinco mil pesos) en beneficio del Estado dominicano.

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El incidente se registró el 11 de abril de 2022 cuando Pablo Ulloa y varios de sus ayudantes en compañía de representantes de diversos medios de comunicación, se disponían a realizar una inspección en el Canódromo que controla la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), tras diversas denuncias de irregularidades en torno a la incautación de vehículos.

La acusación presentada por el Ministerio Público sostiene que los dos imputados agredieron a las víctimas de manera física y verbal, cuando una comisión encabezada por el Defensor del Pueblo, acudió al lugar y se dirigía al despacho de la coronela Isabelita de los Santos, quien fungía como la encargada del Canódromo.

Durante el juicio, que se desarrolló en tres audiencias en fechas separadas, fueron escuchados seis testigos, entre ellos las víctimas, quienes señalaron a Starling Ramírez Sierra y al sargento Nathanael Javier Javier, adscrito a la Digesett, como las personas que los agredieron y arrebataron cámaras y celulares a dos representantes de la prensa.

La fiscal Cinthia Bonetti sostuvo en el tribunal que, con sus actuaciones, ambos imputados violentaron las disposiciones del artículo 309 del Código Penal Dominicano, por lo que solicitó a la jueza Rodríguez la condena de un año de prisión, a ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, en San Cristóbal, y el pago de una multa de cinco mil pesos en beneficio del Estado dominicano.

El artículo 309 establece que “El que voluntariamente infiere heridas, diere golpes, cometiere actos de violencia o vías de hecho, si de ellos resultare al agraviado(a) una enfermedad o imposibilidad de dedicarse al trabajo durante más de veinte días, será castigado(a) con la pena de prisión de seis meses o dos años, y multa de quinientos a cinco mil pesos…”

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Se recuerda que anteriormente el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, dictó apertura a juicio en contra de Nathanael Javier y Starling Ramírez Sierra, en tanto que emitió un auto de no ha lugar en beneficio de las principales acusadas, la coronela Ysabelita de los Santos y Geraldina de los Santos Peña.

Asimismo, el juez dispuso la libertad de Marisol Vargas, Rony Recio y Carlos Oliver Paulino, por no haberse probado la participación en los hechos por los que fueron procesados y ordenó el cese de la medida de coerción que pesaba en su contra.