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Justicia

Procuradora Miriam Germán Brito destaca avance del Ministerio Público en acto de rendición de cuentas del año 2022

Resaltó que en 2022 se solucionaron 19,200 conflictos por medio de salidas alternas y se lograron 7,999 aperturas a juicio y unas 4,993 condenas

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- “La meta que nos propusimos de impulsar una gestión operativa y administrativa más ágil y efectiva, que al mismo tiempo garantice el debido proceso, va siendo alcanzada”, destacó este martes la procuradora general Miriam Germán Brito, durante el acto de rendición de cuentas del Ministerio Público correspondiente al año 2022.

Germán Brito señaló que el Ministerio Público es el motor del proceso penal y resaltó que ese protagonismo es hoy día reconocido y valorado. “Si bien somos un cuerpo expuesto al constante escrutinio público y a la crítica de muchos sectores, hemos sabido mantener y defender la objetividad en los procesos promovidos, sin sucumbir al populismo o a la inmediatez”, manifestó durante el acto realizado en el Auditorio Manuel del Cabral, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

“Lo anterior tiene un valor que debe ser resaltado. Sobre todo, en estos momentos. Debe entenderse que la justicia tiene sus reglas y sus tiempos”, subrayó.

Destacó que en 2022 se solucionaron 19,200 conflictos por medio de salidas alternas, y se lograron 7,999 aperturas a juicio y unas 4,993 condenas.

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En cuanto a la persecución penal, dijo que han dado especial relevancia a proteger a las víctimas y testigos, al indicar que se ha brindado asistencia focalizada en, al menos, 1,300 casos.

“Convencidos de la necesidad de una ley de protección de víctimas, estamos en disposición de presentar al Congreso Nacional nuestra propuesta de programa en ese sentido, para que sea tomada en consideración para la elaboración de una ley sobre la materia”, expresó en su discurso la máxima representante del Ministerio Público.

De la Ley que crea el Ministerio de Justicia, expresó que es vital clarificar la competencia constitucional del Ministerio Público como órgano que dirige la política criminal del Estado, deslindándola de las políticas de prevención o de seguridad ciudadana, que son propias de entes del Poder Ejecutivo.

Expuso que la sobrepoblación penitenciaria sigue siendo el principal desafío y que queda mucho camino que recorrer para lograr la dignificación de las cárceles.

“Lo que sí puedo asegurar es que, luego que unificáramos ambos sistemas, la coordinación interinstitucional requerida para mejorar las condiciones de quienes cumplen condena se ha hecho mucho más fluida y constante. Mientras ejerzamos la rectoría del sistema, no escatimaremos esfuerzos para humanizar el cumplimiento de la pena”, dijo.

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Sobre avances puntuales del Inacif, explicó que se ha logrado la aprobación de la prueba de polígrafo que aplica el Instituto Internacional de Auditores Antifraudes, y se han comenzado a aplicar las pruebas inter-laboratorio, lo que dijo, confirma la calidad de las pericias que se realizan.

En relación a las situaciones recientes de violencia policial, refirió que se han llevado a cabo múltiples investigaciones y se han procesado más de 7 casos. “En ninguna circunstancia la actuación policial puede estar al margen del debido proceso ni del Estado de Derecho”, señaló.

“Respecto de la cibercriminalidad, delito en crecimiento, hay investigaciones que nos colocan a la vanguardia en la región, que son utilizadas como ejemplo en materia de combate a la pornografía infantil y al cibercrimen trasnacional, como la Operación Discovery. Se brindaron, en general, 6,425 asistencias y se obtuvieron 9 condenas”, detalló.

Sobre la lucha contra la corrupción administrativa, dijo que continúa siendo vital. “En 2022, se obtuvo condena en varios expedientes que son de dominio público. Actualmente, tenemos decenas de solicitudes de acuerdos en casos de corrupción, muestra de la fortaleza de las investigaciones en curso. Lo anterior, sin descuidar el avance de los procesos que a la fecha no han sido judicializados”, precisó.

Al resaltar los avances del órgano persecutor, dijo: “desde agosto del 2020 a la fecha, hemos acometido importantes actuaciones contra del crimen organizado y lavado de activos, que han dado lugar a casos complejos que son de conocimiento público”.

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Resaltó que estos despliegues de inteligencia tienen en común meses de arduo trabajo, con jornadas extraordinarias por parte de los equipos de investigación bajo el liderazgo de la Dirección General de Persecución, quienes promueven incansablemente los procesos penales a las siguientes fases.

En materia de trata y tráfico, Germán Brito destacó dos operaciones sin precedentes: “la Operación Cattleya, en la que se rescataron más de 80 víctimas y se presentaron cargos formales, y la Operación Frontera, dirigida a desmantelar estructuras organizadas que traficaban personas.

En torno al fortalecimiento de la carrera del Ministerio Público, sostuvo que es la primera vez en la historia del Ministerio Público que se implementa una evaluación técnica y rigurosa con miras a evaluar el desempeño de fiscales ocupando posiciones de titulares, cumpliendo así con lo establecido en la ley.

Adelantó que, a finales de este mes, serán dados a conocer los resultados preliminares de las evaluaciones, para luego proceder con la ejecución de un concurso para titularidades que cubra las plazas vacantes que queden disponibles.

Se recuerda que el comité evaluador está integrado por las direcciones generales de Carrera, de Persecución y Administrativa, así como por el Contralor del Ministerio Público, y que son evaluadas titularidades en diferentes jurisdicciones, además de las especializadas de Medio Ambiente, Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, Crímenes y Delitos contra la Salud, y Control de Tráfico de Armas.

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Indicó que han hecho la previsión presupuestaria correspondiente para llevar a cabo un concurso interno para ascenso de 90 fiscalizadores, conforme a las necesidades institucionales identificadas, incluyendo los montos que corresponden a los beneficios complementarios aplicables (un total aproximado de 58 millones de pesos).

 

Por igual, dijo, que la Dirección General de Carrera ha solicitado realizar un concurso público de oposición para fiscalizadores con el objetivo de cubrir 60 plazas en provincias críticas fronterizas y del Este, dado que la cantidad de funcionarios existentes en estos lugares no es suficiente para la demanda de trabajo actual. Detalló que estas plazas han sido identificadas a partir del riguroso levantamiento que constituye la matrícula del Ministerio Público.

Indicó que la Escuela Nacional del Ministerio Público alcanzó el año pasado unas 9,833 inscripciones en las distintas actividades formativas ofrecidas.

Refirió que la escuela también fue reelecta en el Comité Ejecutivo de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) para el periodo 2022-2024, impulsando las relaciones con la comunidad internacional y estrategias comunes que permitan enfrentar los problemas concernientes a la región.

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Otras acciones 

La procuradora Germán Brito advirtió que la investigación de los delitos en contra de los animales necesitaba ser reenfocada, y en ese sentido dijo que propusieron un cambio para beneficiar la persecución más efectiva, de modo que todas las Fiscalías, a nivel nacional, se encarguen de estos casos en sus respectivas demarcaciones.

También, se refirió a las mejoras de la calidad de vida del personal de la institución: “un logro importante que pudimos alcanzar el año pasado es el del reajuste salarial para el personal técnico, gracias a la racionalización del gasto que ha sido priorizada en este escenario de obligada austeridad”. 

Al mismo tiempo, dijo que continúan trabajando para mejorar las condiciones laborales y la profesionalización de los fiscales, tomando en cuenta los riesgos propios de la función, beneficios que redundarán en su bienestar colectivo.

Abogó por que todos los sectores, obviando las diferencias ideológicas, sean parte activa en la ejecución de las acciones indispensables para prevenir la violencia ciudadana, como un mayor control de las armas de fuego. Tenemos que aprender que es posible solucionar los conflictos por medios pacíficos.

“La procuración de justicia penal exige un gran esfuerzo, a veces más allá de las jornadas habituales del servicio público. Por ello, continuaremos trabajando para dignificar la función de los miembros del Ministerio Público, así como en la institucionalización de la carrera, para que el talento personal, la capacitación técnica, los méritos profesionales y el desempeño funcional sean tomados en consideración para la promoción interna”, concluyó Germán Brito.

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Fuente:”Dirección de Prensa y Comunicación PGR”

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Justicia

Fiscalía de Santiago encabeza reunión de trabajo

 

Redacciontraslaverdad

 (República Dominicana).- El titular de la Fiscalía de Santiago, Osvaldo Bonilla, y representantes de la Dirección General de Migración (DGM) y de las aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional del Cibao, desarrollaron este jueves una reunión de trabajo en la que definieron las pautas para la elaboración de un protocolo que busca reforzar la seguridad.

Bonilla se hizo acompañar de un equipo de fiscales de diferentes departamentos, en tanto que por la DGM estuvo la directora de Control Migratorio, Yuderka García; el coronel del Ejército Enmanuel Fernández, director de Inteligencia, y José Cruz, director de la DGM en esa terminal.

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Ambas instituciones, junto a las aerolíneas, trabajan en la elaboración de un protocolo que defina las estrategias para la detección y tramitación oportuna de casos relacionados al uso de documentos falsos, suplantación de identidad, y trata y tráfico ilícito de migrantes.

Este plan de acción constituye una novedad en el país y contempla la ruta a seguir para detectar, tratar y notificar a los departamentos correspondientes en la Fiscalía los casos que se registren en esa terminal aeroportuaria, con el fin de tener mejores procesos penales.

En la jornada también participaron miembros de la División Especializada de Investigación contra Delitos Migratorios (Deidem) de la Policía Nacional, quienes reiteraron su apoyo a la persecución de las redes criminales que se dedican a estos delitos.

 

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Justicia

Jueza retoma audiencia caso Calamar

Redacciontraslaverdad

SANTO DOMINGO.- La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, retomó este viernes la audiencia para conocer medidas preventivas a los veinte imputados por presunta corrupción administrativa dentro de la llamada operación Calamar, entre ellos tres exministros.

La instrumentalización del caso se inició formalmente el pasado miércoles tras dos aplazamientos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, cuya seguridad fue nuevamente redoblada como medida preventiva tras los enfrentamientos anteriores entre agentes y militantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), formación a la que pertenecen la mayoría de imputados.

Está previsto que en la audiencia de este viernes el Ministerio Público concluya con la presentación del caso y que la defensa de los imputados inicie sus alegatos.

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La Procuraduría General de la República anunció el 19 de marzo el arresto de veinte personas por sus presuntos vínculos con una red de corrupción administrativa que afectó a varias instituciones.

Los principales imputados son los exministros de Obras Públicas y antiguo candidato presidencial Gonzalo Castillo, Donald Guerrero (Hacienda) y José Ramón Peralta (Administrativo de la Presidencia).

Además de los exministros, entre los detenidos figuran el antiguo contralor general de la República Daniel Omar Caamaño, el que fuera director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Luis Miguel Piccirilo, el exdirector de Catastro Nacional Claudio Silver Peña, los antiguos directores de Casinos y Juego de Azar Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández y el abogado y economista Ángel Lockward.

El supuesto entramado de corrupción distrajo a los contribuyentes más de 19,000 millones de pesos y afectó a varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Hacienda, según el Ministerio Público.

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Justicia

Fiscalía de SDE logra condena a 30 años contra hombre asesinó a otro

 

Redacciontraslaverdad

SANTO DOMINGO (República Dominicana) .- La Fiscalía de Santo Domingo Este y Norte logró una condena de 30 años de prisión contra un hombre que asesinó a otro, en un hecho ocurrido en el sector Valiente.

Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado de este distrito judicial, integrado por las magistradas  Josefina Ubiera Guerrero, Ariela Cedano Núñez y Yuri Cuevas de la Cruz, dictaron la sentencia luego de que la fiscal Marlene Roa, demostrara la responsabilidad penal de Richard Mateo en la muerte de Carlos Manuel Ruiz Guerrero.

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El Ministerio Público probó que con sus acciones el hoy procesado violó los artículos 265, 266, 267, 295, 297 y 302 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan la asociación de malhechores y el asesinato, así como también los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Los hechos ocurrieron el 1 de enero de 2020, en momentos en que el hoy occiso y el victimario se encontraban tomando en un lugar de expendio de bebidas alcohólicas del referido sector, donde se produjo una acalorada discusión entre ambos, en medio de la cual Mateo, haló un cuchillo que tenía en el cinto y le infirió una puñalada en la espalda a Ruiz Guerrero, quien, tras caer al suelo, fue auxiliado por su hijastra, Dariana García, quien lo subió a una motocicleta de un vecino, en la que lo trasladó hasta su casa.

Indica que el agresor, no conforme con la estocada, salió del lugar a bordo de otra motocicleta, esta vez en compañía de Wagner Alvares, quien se encuentra prófugo, llegando ambos hasta la casa del herido, Ruiz Guerrero, donde rompieron la puerta de entrada a la residencia y dentro de la marquesina le infierieron tres heridas de armas blanca, penetrante en región dorsal izquierda y región lumbar izquierda, que le provocaron la muerte, según el Informe médico forense marcado con el número SDO-A-0004-2020.

Tras cometer el criminal hecho, los agresores emprendieron la huida, siendo apresado Mateo, por agentes de la DIcrim en la comunidad Verón-Punta Cana, el 21 de enero de 2021.

El dispositivo indica que además de la condena de 30 años de reclusión, el sentenciado deberá pagar una indemnización de dos millones de pesos a favor de los familiares del occiso.

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Por decisión del tribunal, Mateo cumplirá la sentencia en la Penitenciaría Nacional de La Victoria

 

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