Geanilda Vásquez defiende compra de yipeta y aclara que RD$6.4 millones es el tope, no el precio.
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La funcionaria explicó que el costo definitivo dependerá del proceso de licitación y de las ofertas presentadas por los proveedores.
Por Alex G. Olivence
Santo Domingo.— La coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales, Geanilda Vásquez, defendió el proceso iniciado para adquirir una yipeta destinada a funciones oficiales y aclaró que los RD$6.4 millones consignados en los documentos no representan el precio definitivo del vehículo.
Durante una entrevista, Vásquez explicó que esa cantidad constituye el tope presupuestario establecido para el procedimiento de compra. En consecuencia, el valor final será determinado por la competencia entre los proveedores y podría ser inferior al monto máximo contemplado.
La funcionaria reaccionó de esta manera a los cuestionamientos surgidos después de conocerse la solicitud para adquirir un vehículo oficial “nuevo de caja”, destinado al desempeño de sus responsabilidades al frente del Gabinete Social.
El requerimiento, identificado con el número 0002 y fechado el primero de septiembre, fue remitido a la Dirección General de Contrataciones Públicas para su revisión. La documentación establece una estimación presupuestaria de RD$6.4 millones, pero no identifica una marca ni un modelo específico.
Vásquez insistió en que no se ha realizado una compra por ese monto ni se ha determinado todavía el precio que pagará la institución. El proceso deberá cumplir con las etapas correspondientes de licitación, evaluación de las propuestas y adjudicación.
La diferencia entre un presupuesto de referencia y el precio de adjudicación resulta fundamental para comprender el procedimiento. El primero establece la disponibilidad y el límite de recursos; el segundo surge de la oferta seleccionada después de comparar las condiciones técnicas y económicas presentadas por los participantes.
Cuestionamientos en medio del plan de austeridad
La solicitud generó críticas porque se produce cuando el Gobierno promueve medidas de austeridad y contención del gasto público. Diversos sectores han cuestionado tanto el monto máximo como la necesidad de adquirir un vehículo nuevo para una alta funcionaria.
Vásquez sostiene que algunas publicaciones han presentado los RD$6.4 millones como si se tratara de una compra ya ejecutada, cuando el expediente se encuentra dentro de un procedimiento administrativo que todavía no ha concluido.
El debate coloca nuevamente sobre la mesa la necesidad de que las instituciones expliquen con claridad sus procesos de adquisición, especialmente cuando involucran vehículos para funcionarios y cantidades significativas de recursos públicos.
La aclaración de que RD$6.4 millones representa un tope y no el precio final precisa una parte importante de la información difundida, pero no elimina la obligación de garantizar transparencia, competencia y racionalidad en la adjudicación.
El costo definitivo, las características del vehículo y el proveedor seleccionado deberán conocerse cuando finalice el proceso. Esos resultados permitirán determinar si la adquisición se realizó bajo criterios de eficiencia y uso responsable de los fondos públicos.
