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Los dominicanos en el exterior no pueden ser valorados únicamente por sus remesas y considerados una carga cuando llega el momento de garantizarles participación política
Por Alex G. Olivence
Pretender limitar o debilitar el derecho al voto de los dominicanos residentes en el exterior constituiría un grave retroceso institucional y un golpe directo a la democracia de la República Dominicana. La participación política de la diáspora no es una concesión ni un privilegio: es un derecho ciudadano que el Estado tiene la obligación de proteger y facilitar.
Durante décadas, los dominicanos que viven fuera del país han sostenido un vínculo permanente con su tierra. Trabajan, hacen sacrificios, mantienen a sus familias y envían recursos que dinamizan el consumo, respaldan miles de hogares y contribuyen de manera decisiva a la estabilidad económica nacional.
Resulta injusto que sean considerados indispensables para remesar, pero supuestamente “muy costosos” cuando reclaman ejercer plenamente su ciudadanía.
El costo de organizar las elecciones en el exterior no puede convertirse en una excusa para restringir derechos. La democracia tiene un costo, pero excluir a una parte de la población tendría un precio institucional mucho mayor.
Si existen dificultades presupuestarias, logísticas o administrativas, la respuesta debe ser mejorar la planificación, fortalecer el registro de electores, ampliar los centros de votación y hacer más eficiente el proceso; nunca reducir la participación.
La diáspora dominicana no es un cajero automático ni una comunidad que solo debe ser tomada en cuenta cuando llegan las remesas. Está integrada por ciudadanos con derechos, opiniones, aspiraciones y una profunda conexión con el presente y el futuro de la nación.
Cualquier iniciativa que, bajo argumentos económicos o administrativos, termine dificultando el voto exterior debe ser examinada con transparencia y firmeza. Una democracia sólida no crea obstáculos para que sus ciudadanos participen; trabaja para eliminar las barreras que los alejan de las urnas.
Los dominicanos residentes en Estados Unidos, Canadá, España y otras partes del mundo no pueden ser tratados como ciudadanos de segunda categoría. Su aporte económico merece reconocimiento, pero su dignidad política exige mucho más: respeto pleno a su derecho a elegir y ser elegidos.
La democracia dominicana también vive fuera de nuestras fronteras. Defender el voto de la diáspora es defender la igualdad ciudadana, la representación y la legitimidad del sistema político.
Las remesas son bien recibidas; la voz y el voto de quienes las envían también deben serlo.
