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Por Tony Salomón
La historia juzga a los gobiernos por sus resultados, no por sus campañas publicitarias. Y si hay algo que distinguirá a la actual administración del PRM será la acumulación de récords que difícilmente pueden exhibirse como logros.
El primero es el endeudamiento. Entre 2020 y 2026, el Estado dominicano ha asumido un volumen de préstamos sin precedentes, comprometiendo a las presentes y futuras generaciones con una deuda cuyo impacto aún está por medirse en toda su dimensión. Nunca se había hipotecado el futuro del país a tal velocidad.
El segundo récord corresponde al gasto público. Los presupuestos nacionales aprobados durante este período han sido los más altos de la historia. Sin embargo, la pregunta sigue sin respuesta: ¿dónde están las grandes transformaciones que justifiquen semejante nivel de inversión? El dinero público no puede medirse por su monto, sino por los resultados que produce en la calidad de vida de la gente.
El tercer récord es, quizás, el más preocupante: el de la escasa inversión en políticas públicas capaces de generar desarrollo sostenible, productividad y bienestar. Se gasta más, se toma más dinero prestado y, sin embargo, la percepción de abandono y deterioro social es cada vez mayor.
La denominada reforma policial tampoco ha logrado convertirse en el cambio prometido. Mientras el discurso oficial habla de modernización, continúan registrándose actuaciones desproporcionadas contra ciudadanos indefensos, alimentando la desconfianza en una institución que debió fortalecerse sobre la base del respeto a los derechos y la profesionalización.
Entretanto, la pobreza y la marginalidad avanzan con una rapidez alarmante. La respuesta oficial ha sido una intensa maquinaria publicitaria que intenta sustituir la realidad con estadísticas y narrativas optimistas. Pero ningún anuncio puede borrar lo que viven diariamente los dominicanos en los barrios, en los campos y en las calles.
Como si todo ello fuera poco, el patrimonio público también genera interrogantes. La utilización de fideicomisos para administrar activos estratégicos del Estado ha despertado legítimas preocupaciones sobre la transparencia, la rendición de cuentas y la verdadera protección de los intereses nacionales. Cuando el Estado comparte la administración de bienes públicos, la ciudadanía tiene derecho a exigir explicaciones claras y completas.
También preocupa la actitud del Gobierno frente a asuntos de soberanía y migración. Las decisiones adoptadas en este ámbito han alimentado la percepción de que la República Dominicana asume responsabilidades que corresponden a otros Estados, sin que exista un debate nacional amplio sobre las consecuencias para el país.
Pero hay una pregunta que resulta aún más incómoda.
¿Dónde está la sociedad que en 2019 ocupó las calles y las plazas exigiendo transparencia, institucionalidad y lucha contra la corrupción? ¿Dónde están las organizaciones y los líderes que entonces se presentaban como la conciencia moral de la nación?
¿Por qué el silencio frente a situaciones que, en otro momento, habrían provocado marchas, vigilias y encendidos discursos?
La defensa de la democracia no puede depender del color del partido que gobierna. La indignación selectiva termina convirtiéndose en complicidad. Los principios pierden todo valor cuando solo se invocan para combatir al adversario y se olvidan cuando los errores provienen de quienes hoy ejercen el poder.
La República Dominicana necesita ciudadanos vigilantes, instituciones fuertes y una sociedad civil coherente. El país no puede resignarse a que la memoria colectiva dure apenas el tiempo que tarda un proceso electoral.
Porque cuando el silencio sustituye a la vigilancia ciudadana, la democracia comienza a perder uno de sus pilares fundamentales.
