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Por Ana Vargas
La convocatoria al embajador dominicano por parte del Gobierno haitiano vuelve a colocar la frontera en el centro de una relación donde cualquier incidente puede convertirse en combustible político.
Las denuncias sobre supuestos desalojos de ciudadanos haitianos en terrenos que, según los informes preliminares, estarían dentro de territorio dominicano requieren una respuesta seria. Por eso, el levantamiento técnico dispuesto por el Ministerio de Defensa resulta fundamental: antes de acusar, hay que establecer dónde ocurrieron los hechos, qué sucedió y bajo qué autoridad.
La soberanía dominicana no necesita exageraciones para defenderse, pero tampoco puede manejarse a golpe de presión diplomática. Haití tiene derecho a plantear sus inquietudes; República Dominicana tiene el deber de verificar los hechos y actuar conforme a sus leyes.
Lo peligroso sería permitir que la indignación sustituya las pruebas, o que el silencio alimente sospechas a ambos lados de la frontera.
En estos asuntos, la prudencia no significa debilidad ni la firmeza exige provocación. Significa saber exactamente qué se defiende.
Porque una frontera se protege con autoridad, sí, pero también con hechos comprobables. Sin eso, la diplomacia termina discutiendo versiones mientras crece la desconfianza.
