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Por Tony Salomón
La Federación Nacional de Productores de Arroz (FENARROZ) representa el primer eslabón de una cadena productiva que forma parte de la vida cotidiana de los dominicanos. El arroz no es simplemente un producto agrícola: es un componente esencial de la alimentación nacional, de la economía rural y de la estabilidad de miles de familias.
Por eso, cualquier decisión gubernamental que comprometa la sostenibilidad de este sector debe ser examinada con responsabilidad, visión de futuro y sentido de nación.
El Gobierno, mediante el Decreto 693-24, ha colocado nuevamente sobre la mesa el debate acerca del futuro del sector arrocero dominicano. En lugar de limitarse a medidas que puedan generar incertidumbre, el país necesita una estrategia integral que fortalezca progresivamente las estructuras de apoyo a los productores, garantice la sostenibilidad de la producción nacional y proteja a quienes dependen de esta actividad.
Durante los últimos seis años, las decisiones y omisiones gubernamentales han sido objeto de cuestionamientos en distintos sectores. Ahora, la preocupación alcanza a una actividad agrícola vital para la cotidianidad del pueblo dominicano: la producción de arroz.
Las consecuencias de cualquier debilitamiento de esta industria no se limitarían a quienes cultivan la tierra. Según las cifras planteadas en este debate, más de 30,000 pequeños y medianos productores podrían verse afectados, mientras que la actividad genera más de 250,000 empleos directos e indirectos. Detrás de cada cifra hay familias, compromisos económicos y comunidades cuya estabilidad depende de que el campo siga produciendo.
El arroz es mucho más que una cosecha: es una cadena que comienza en la siembra y termina en el plato de cada hogar dominicano.
En ella participan productores, trabajadores agrícolas, transportistas, molineros, comerciantes y numerosos actores que hacen posible que este alimento llegue a la mesa. Aunque sus intereses particulares sean diferentes, todos forman parte de una misma realidad económica y social que nos concierne como nación.
Por eso, resulta impostergable que el Estado dominicano asuma un papel activo de acompañamiento, protección y fortalecimiento del sector. No se trata de desconocer los compromisos comerciales internacionales ni de cerrar las puertas a la competencia, sino de evitar que la producción nacional quede expuesta sin las condiciones necesarias para competir y sostenerse.
Hay una pregunta que el país no puede evadir:
¿Qué ocurrirá con los cientos de miles de empleos directos e indirectos que dependen de esta actividad si la producción arrocera nacional pierde su capacidad de sostenerse?
¿Quién responderá por las familias que quedarían expuestas a la incertidumbre? ¿Qué alternativas tendrán las comunidades agrícolas? ¿Y cuál sería el costo para los consumidores si el país debilitara su capacidad de producir uno de los alimentos más presentes en su mesa?
También cabe preguntarse si el llamado cambio debe expresarse a costa de poner en riesgo uno de los símbolos más cotidianos de nuestra identidad nacional: el arroz blanco que acompaña la comida de los dominicanos en todos los rincones del país.
La defensa de la producción arrocera no debe convertirse en una bandera exclusiva de los productores ni en una disputa entre sectores económicos. Es un asunto de seguridad alimentaria, empleo, desarrollo rural y responsabilidad pública.
Los pueblos también enferman cuando se acostumbran a la indiferencia. Y una de las peores consecuencias de esa indiferencia es comprender la magnitud del problema cuando las soluciones ya resultan mucho más difíciles y costosas.
Fortalecer a FENARROZ y respaldar a los productores de arroz es defender el trabajo, la alimentación y la capacidad de la República Dominicana para producir lo que consume.
La responsabilidad de proteger ese patrimonio productivo no recae únicamente sobre el Gobierno. Compete a los productores, a los sectores empresariales, y toda una sociedad que no puede permanecer al margen de una decisión que afecta su presente y su futuro.
Luchar contra el deterioro de nuestra capacidad productiva es responsabilidad de todos.
Porque cuando se debilita el campo, no pierde solo el agricultor: pierde el país entero.
