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Por Tony Salomón
El denominado caso Senasa deja al descubierto una realidad escalofriante: no se trataban personas, se trataban enfermedades. Se facturaban procedimientos médicos sin que existieran pacientes. La vida humana fue reducida a un simple instrumento para obtener recursos públicos.
Ese es el punto donde la ética desaparece y emerge la economía moral: un escenario en el que el dinero desplaza los valores y la dignidad humana queda subordinada al interés económico.
Pero el escándalo no termina con el fraude. La verdadera indignación ciudadana surge cuando quienes confiesan haber participado en la sustracción de bienes públicos negocian acuerdos con el Ministerio Público que les permiten obtener beneficios penales. La justicia deja de ser un instrumento para sancionar y pasa a convertirse en un espacio de negociación.
El mensaje que recibe la sociedad es profundamente nocivo: robe primero y negocie después. Si el beneficio obtenido supera el costo de la sanción, el delito deja de ser un riesgo para convertirse en un negocio.
El sociólogo Steffen Mau, al abordar el concepto de economía moral, advierte cómo los valores terminan subordinados a las lógicas económicas. En la República Dominicana ese fenómeno parece adquirir una expresión aún más preocupante, cuando la justicia, el poder político y los intereses económicos convergen en acuerdos que muchos ciudadanos perciben como una renuncia al principio de que nadie debe estar por encima de la ley.
La lucha contra la corrupción no puede limitarse a recuperar parte del dinero distraído. También debe restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. De lo contrario, estaremos institucionalizando la impunidad y enviando a las futuras generaciones el peor de los mensajes: que la moral tiene precio y que la justicia también puede negociarse.
Una democracia pierde su esencia cuando la ética se convierte en moneda de cambio. Y cuando eso ocurre, no solo se comprometen los recursos públicos; se compromete la dignidad de toda la nación.
