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Las organizaciones que conforman la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en
República Dominicana (MENAMIRD), organizaciones comprometidas con la promoción,
protección y defensa de los derechos humanos, comparecemos hoy ante la opinión pública
nacional e internacional para expresar nuestra profunda preocupación y nuestro más enérgico
rechazo frente a los graves hechos ocurridos durante las últimas semanas en el contexto de los
operativos migratorios desarrollados en el país.
En primer lugar, queremos dejar claramente establecido que reconocemos el derecho soberano
del Estado dominicano a definir y ejecutar su política migratoria, así como a controlar sus
fronteras y regular la permanencia de personas extranjeras conforme a la Constitución y las
leyes.
El control migratorio puede ejercerse. Pero jamás mediante actos de humillación, violencia o
tratos incompatibles con la dignidad inherente a toda persona.
Los acontecimientos registrados durante las últimas semanas evidencian una situación que
merece la atención urgente de toda la sociedad dominicana y de la comunidad internacional.
Expresamos nuestra profunda indignación ante las imágenes ampliamente difundidas en medios
de comunicación y redes sociales que muestran a un ciudadano haitiano esposado y trasladado
sobre una motocicleta por dos agentes de la Dirección General de Migración en San Juan de la
Maguana, colocado de forma perpendicular sobre el vehículo, como si se tratara de una carga y
no de un ser humano.
Detrás de cada persona migrante existe un nombre. Existe una familia. Existe una historia.
Existe una vida. Y existe una dignidad que no desaparece por razón de la nacionalidad o del
estatus migratorio. Lamentablemente, este no constituye un hecho aislado.
Durante el último mes se han conocido múltiples denuncias relacionadas con actuaciones
ocurridas en distintas provincias del país, entre ellas Azua y Bávaro, donde se reportó
públicamente el presunto uso de armas de fuego por parte de un miembro de un cuerpo militar
durante una intervención migratoria; así como denuncias relacionadas con deportaciones de
mujeres embarazadas, familias con niños y niñas, personas en condiciones de especial
vulnerabilidad.
Recordamos que la República Dominicana y la República de Haití suscribieron el 2 de
diciembre de 1999 el Protocolo de Entendimiento sobre los Mecanismos de Repatriación,
instrumento bilateral que establece principios y garantías mínimas para la ejecución de los
procesos de devolución de nacionales haitianos.
Dicho Protocolo dispone que las repatriaciones deben realizarse en condiciones compatibles con
el respeto de la dignidad humana, evitando tratos crueles, inhumanos o degradantes; prohíbe lasexpulsiones colectivas e indiscriminadas; establece la necesidad de una adecuada identificación
de las personas sujetas a repatriación; dispone la coordinación entre las autoridades de ambos
Estados; y contempla salvaguardas especiales para personas en condición de vulnerabilidad,
procurando que los procedimientos se desarrollen con respeto a los derechos fundamentales.
Asimismo, la Constitución de la República Dominicana reconoce la dignidad humana como
fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho y garantiza el derecho a la integridad
personal, al debido proceso, a la igualdad y a la no discriminación.
De igual forma, la República Dominicana ha asumido obligaciones internacionales en virtud de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales que
obligan al Estado a proteger los derechos fundamentales de toda persona, independientemente
de su nacionalidad o condición migratoria.
EN CONSECUENCIA, SOLICITAMOS AL ESTADO DOMINICANO:
Primero. La apertura inmediata de investigaciones independientes, imparciales y transparentes
sobre todos los hechos denunciados durante los operativos migratorios.
Segundo. Que el Ministerio Público determine, conforme al debido proceso, las
responsabilidades administrativas, disciplinarias y penales que correspondan cuando se
comprueben actuaciones contrarias a la ley.
Tercero. Que se fortalezcan los mecanismos de supervisión, formación y control de los agentes
responsables de ejecutar la política migratoria, garantizando el estricto cumplimiento de los
estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
Cuarto. Que se adopten medidas eficaces para prevenir la repetición de estos hechos y se
garantice una protección reforzada a niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, personas
adultas mayores, personas con discapacidad, solicitantes de asilo y demás personas en condición
de vulnerabilidad.
También hacemos un llamado a las iglesias, universidades, gremios profesionales, medios de
comunicación, organizaciones de la sociedad civil, organismos nacionales de derechos
humanos, agencias del Sistema de las Naciones Unidas, organismos del Sistema Interamericano,
de Derechos Humanos y al cuerpo diplomático acreditado en la República Dominicana para que
mantengan un seguimiento cercano de esta situación.
William Charpantier
Coordinador Nacional de la
MENAMI
REPÚBLICA DOMINICANA
(MENAMIRD).
Documento de Prensa
Las organizaciones que conforman la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en
República Dominicana (MENAMIRD), organizaciones comprometidas con la promoción,
protección y defensa de los derechos humanos, comparecemos hoy ante la opinión pública
nacional e internacional para expresar nuestra profunda preocupación y nuestro más enérgico
rechazo frente a los graves hechos ocurridos durante las últimas semanas en el contexto de los
operativos migratorios desarrollados en el país.
En primer lugar, queremos dejar claramente establecido que reconocemos el derecho soberano
del Estado dominicano a definir y ejecutar su política migratoria, así como a controlar sus
fronteras y regular la permanencia de personas extranjeras conforme a la Constitución y las
leyes.
El control migratorio puede ejercerse. Pero jamás mediante actos de humillación, violencia o
tratos incompatibles con la dignidad inherente a toda persona.
Los acontecimientos registrados durante las últimas semanas evidencian una situación que
merece la atención urgente de toda la sociedad dominicana y de la comunidad internacional.
Expresamos nuestra profunda indignación ante las imágenes ampliamente difundidas en medios
de comunicación y redes sociales que muestran a un ciudadano haitiano esposado y trasladado
sobre una motocicleta por dos agentes de la Dirección General de Migración en San Juan de la
Maguana, colocado de forma perpendicular sobre el vehículo, como si se tratara de una carga y
no de un ser humano.
Detrás de cada persona migrante existe un nombre. Existe una familia. Existe una historia.
Existe una vida. Y existe una dignidad que no desaparece por razón de la nacionalidad o del
estatus migratorio. Lamentablemente, este no constituye un hecho aislado.
Durante el último mes se han conocido múltiples denuncias relacionadas con actuaciones
ocurridas en distintas provincias del país, entre ellas Azua y Bávaro, donde se reportó
públicamente el presunto uso de armas de fuego por parte de un miembro de un cuerpo militar
durante una intervención migratoria; así como denuncias relacionadas con deportaciones de
mujeres embarazadas, familias con niños y niñas, personas en condiciones de especial vulnerabilidad.
Recordamos que la República Dominicana y la República de Haití suscribieron el 2 de
diciembre de 1999 el Protocolo de Entendimiento sobre los Mecanismos de Repatriación,
instrumento bilateral que establece principios y garantías mínimas para la ejecución de los
procesos de devolución de nacionales haitianos.
Dicho Protocolo dispone que las repatriaciones deben realizarse en condiciones compatibles con
el respeto de la dignidad humana, evitando tratos crueles, inhumanos o degradantes; prohíbe lasexpulsiones colectivas e indiscriminadas; establece la necesidad de una adecuada identificación
de las personas sujetas a repatriación; dispone la coordinación entre las autoridades de ambos
Estados; y contempla salvaguardas especiales para personas en condición de vulnerabilidad,
procurando que los procedimientos se desarrollen con respeto a los derechos fundamentales.
Asimismo, la Constitución de la República Dominicana reconoce la dignidad humana como
fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho y garantiza el derecho a la integridad
personal, al debido proceso, a la igualdad y a la no discriminación.
De igual forma, la República Dominicana ha asumido obligaciones internacionales en virtud de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales que
obligan al Estado a proteger los derechos fundamentales de toda persona, independientemente
de su nacionalidad o condición migratoria.
EN CONSECUENCIA, SOLICITAMOS AL ESTADO DOMINICANO:
Primero. La apertura inmediata de investigaciones independientes, imparciales y transparentes
sobre todos los hechos denunciados durante los operativos migratorios.
Segundo. Que el Ministerio Público determine, conforme al debido proceso, las
responsabilidades administrativas, disciplinarias y penales que correspondan cuando se
comprueben actuaciones contrarias a la ley.
Tercero. Que se fortalezcan los mecanismos de supervisión, formación y control de los agentes
responsables de ejecutar la política migratoria, garantizando el estricto cumplimiento de los
estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
Cuarto. Que se adopten medidas eficaces para prevenir la repetición de estos hechos y se
garantice una protección reforzada a niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, personas
adultas mayores, personas con discapacidad, solicitantes de asilo y demás personas en condición
de vulnerabilidad.
También hacemos un llamado a las iglesias, universidades, gremios profesionales, medios de
comunicación, organizaciones de la sociedad civil, organismos nacionales de derechos
humanos, agencias del Sistema de las Naciones Unidas, organismos del Sistema Interamericano,
de Derechos Humanos y al cuerpo diplomático acreditado en la República Dominicana para que
mantengan un seguimiento cercano de esta situación.
William Charpantier
Coordinador Nacional de la
MENAMI
