Durante los últimos años, una parte importante del debate político
dominicano estuvo dominado por una narrativa, cuidadosamente diseñada,
de que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) era una organización
manchada por la corrupción, y que sus principales dirigentes encabezaron
una estructura destinada al saqueo del erario público mientras ejercieron el
poder.
Desde la oposición primero, y desde el poder después, se promovió la
idea de que los gobiernos peledeístas representaban la expresión más
acabada de la corrupción administrativa en la historia reciente del país.
La fuerza de esa narrativa fue tan intensa que, para muchos, las
acusaciones terminaron convirtiéndose en “verdades absolutas” antes de
que los tribunales tuvieran la oportunidad de examinar las pruebas y emitir
sus decisiones.
La condena mediática precedió a la judicial. Se instalaron
percepciones, se formularon juicios anticipados y se construyó un relato
político que presentaba la culpabilidad de los peledeístas como un hecho
consumado.
Sin embargo, el tiempo y los tribunales han comenzado a ofrecer una
versión muy distinta de lo que se pretendió vender por un buen tiempo.
Los recientes descargos de Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta en
el caso Calamar, así como muchos otros exfuncionarios que habían sido
descargados ya por la justicia, representan uno de los golpes más
contundentes a esa narrativa.
Durante algunos años, ambos dirigentes políticos fueron exhibidos
ante la opinión pública como figuras centrales de un supuesto entramado de
corrupción que habría operado desde las más altas instancias del Estado.
Sin embargo, al momento de examinar las evidencias, los tribunales
determinaron que las pruebas presentadas no resultaban suficientes para
sostener las imputaciones formuladas en su contra.
Lo más revelador es que, después de años de investigaciones,
operativos espectaculares, ruedas de prensa, extensos expedientes y una
cobertura mediática sin precedentes, las expectativas creadas alrededor de
las grandes acusaciones no han producido los resultados que se
prometieron al país.
Esto no significa afirmar que durante los gobiernos del PLD no
existieran errores, irregularidades o actuaciones cuestionables. Ningún
gobierno en el mundo está exento de ello; pero una cosa es investigar
posibles actos de corrupción y otra muy distinta es construir una narrativa
que declare culpables a personas y organizaciones  antes de que la justicia
se pronuncie.
Un aspecto que cada vez resulta más difícil ignorar es el evidente
propósito político que acompañó la construcción de esta narrativa. Desde la
llegada al poder del actual gobierno, la lucha contra la corrupción fue

presentada, más que como una política pública, como el principal
instrumento para desacreditar y destruir al Partido de la Liberación
Dominicana, y  así allanar el terreno para la reelección del Presidente
Abinader.
La estrategia consistió en asociar permanentemente la imagen del
PLD con la corrupción, hasta el punto de convertir ambos conceptos en
sinónimos dentro del discurso político. La acusación dejó de dirigirse contra
individuos específicos para proyectarse sobre toda una organización política,
sus dirigentes, sus militantes y hasta sobre la obra de gobierno desarrollada
durante más de dos décadas por ese partido.
Desde esta perspectiva, el objetivo parecía ir más allá de la
persecución de posibles hechos irregulares. La meta política consistía en
destruir la confianza y credibilidad del principal partido de oposición,
impedir su recuperación electoral y consolidar un relato, según el cual,
todos los problemas nacionales tenían su origen por la corrupción de los
gobiernos peledeístas.
Sin embargo, la justicia le ha dado la espalda a ese discurso. A
medida que los tribunales han ido evaluando los expedientes y emitiendo
decisiones, la distancia entre las acusaciones políticas y los resultados
judiciales se ha hecho cada vez más evidente.
Los recientes descargos de figuras emblemáticas sometidas en los
principales casos de presunta corrupción han contribuido a debilitar
significativamente la narrativa que durante años se presentó como
incuestionable.
Si la intención política era provocar la desaparición o destrucción
definitiva del PLD mediante una campaña sostenida de descrédito moral, los
resultados parecen estar lejos de las expectativas iniciales. El PLD continúa
siendo una de las principales fuerzas políticas del país, conserva una
importante estructura nacional y mantiene capacidad de incidencia en el
debate público.
Hoy, más que el aniquilamiento de un partido político, lo que parece
estar ocurriendo es el derrumbe de una narrativa que durante años fue
presentada como una verdad indiscutible. Una narrativa que apostó a la
condena anticipada y a la utilización política de las acusaciones, empleando
para ello todo el poder del Estado.
La historia demuestra que las falsas narrativas, inventadas desde el
poder, pueden dominar temporalmente el debate público. Pero también
demuestra que, tarde o temprano, la justicia termina imponiéndose. Y
cuando las pruebas no logran sostener las fábulas proclamadas durante
años, corresponde reconocer que la realidad ha comenzado a desmontar
uno de los relatos políticos más infames y nefastos de los últimos tiempos.