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Por Tony Salomón
Los líderes de la oposición están obligados a borrar sus diferencias cuando el interés nacional está en juego.
Cuando el bienestar y la prosperidad del pueblo constituyen el verdadero objetivo de quienes participan en los distintos partidos políticos, las diferencias sustentadas en el ego personal terminan convirtiéndose en una forma de indolencia.
La República Dominicana atraviesa un momento que exige mucho más que discursos, inauguraciones, estadísticas y anuncios oficiales. El Gobierno del presidente Luis Abinader ha presentado cifras y programas que, según su propia versión, reflejan avances importantes en la economía, la educación, la salud y la seguridad.
Pero gobernar no consiste solamente en presentar indicadores favorables. Gobernar significa que esos avances lleguen de manera concreta a la vida cotidiana de la gente.
Y ahí es donde este Gobierno debe aceptar el debate.
Porque mientras desde el Palacio Nacional se habla de crecimiento económico, estabilidad y transformación, una parte importante de la ciudadanía continúa enfrentando dificultades para hacer rendir sus ingresos, pagar los alimentos, acceder oportunamente a servicios públicos y vivir con la tranquilidad que merece.
El Banco Central reportó una inflación interanual de 5.13 % en agosto de 2026. Aunque esa cifra representa una moderación respecto de meses anteriores, el dato macroeconómico no elimina automáticamente la presión que sienten los hogares cuando deben comprar alimentos, pagar transporte, vivienda, electricidad y otros servicios.
El Gobierno no puede pedirle al pueblo que viva de estadísticas.
La educación continúa demandando una transformación profunda. La salud requiere servicios eficientes y oportunos. La seguridad ciudadana no puede medirse únicamente por una tasa de homicidios: también debe evaluarse desde la tranquilidad con que una familia sale de su casa, utiliza el transporte público o regresa de noche a su comunidad.
El sector agropecuario necesita políticas que permitan producir más y abaratar los alimentos. Nuestras ciudades requieren mayor planificación, limpieza, orden y mantenimiento. Y la clase media y los sectores populares necesitan sentir que el crecimiento económico también significa mejores oportunidades para ellos.
El propio Gobierno ha colocado educación, salud, infraestructura y protección social entre sus prioridades presupuestarias para 2027. Precisamente por eso, la ciudadanía tiene derecho a exigir resultados proporcionales a los recursos que administra el Estado.
No basta con anunciar reformas. Hay que demostrar que funcionan.
No basta con inaugurar obras. Hay que garantizar que respondan a las necesidades reales de la población.
No basta con hablar de crecimiento. Hay que preguntarse cuánto de ese crecimiento se traduce en bienestar para las familias dominicanas.
Y no basta con responsabilizar a factores externos cada vez que aparece una dificultad. Un Gobierno también debe responder por sus decisiones, sus prioridades y la calidad de su gestión.
La administración actual todavía tiene tiempo para corregir, rectificar y demostrar que sus promesas pueden convertirse en resultados palpables. La responsabilidad de gobernar no termina en una rueda de prensa ni en una presentación de logros; se mide en la vida diaria de los ciudadanos.
Pero la oposición también tiene una responsabilidad histórica.
El pueblo dominicano no necesita una oposición dividida por ambiciones personales, protagonismos o diferencias que terminan beneficiando al adversario. Necesita una oposición capaz de construir propuestas, fiscalizar con seriedad y presentar una alternativa creíble de país.
El Gobierno debe rendir cuentas por lo que hace. La oposición debe rendir cuentas por lo que propone.
Y ambos deben entender que el país está por encima de sus intereses particulares.
El pueblo difícilmente podrá comprender —y mucho menos perdonar— que las diferencias políticas sean más fuertes que el compromiso con su bienestar
Quien coloca sus intereses particulares o partidarios por encima del bien nacional asume una responsabilidad que la historia terminará juzgando.
El 2028 será una prueba para todos.
Si los problemas que hoy afectan al pueblo Dominicano se repiten y no se corrigen, el país continuará profundizando
sus desigualdades y las oportunidades seguirán concentrandose en determinados grupos económicos.
Por eso, la oposición tiene que dejar atrás las pequeñas diferencias y el gobierno tiene que asumir con mayor firmeza la responsabilidad de sus resultados.
Al gobierno le corresponde gobernar mejor. A la oposición le corresponde construir una alternativa seria. Y al pueblo le corresponde observar, comparar y decidir.
Porque cuando una nación reclama soluciones, la política deja de ser un juego de intereses personales.
La responsabilidad será de todos.
Y la historia se encargará de recordarlo.
