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En derecho existe un principio ampliamente conocido: «confesión de parte, relevo de pruebas». Cuando alguien admite un hecho, ya no es necesario demostrarlo.
Por Tony Salomón
El presidente Luis Abinader afirmó públicamente que mantiene comunicación permanente con quienes dirigían los principales movimientos de protesta contra los gobiernos pasados. Esa declaración, por sí sola, plantea una interrogante que el país no puede ignorar.
¿Quién representa hoy las causas del pueblo?
La respuesta parece evidente. Muchos de los sectores que antes encabezaban protestas y denunciaban supuestas injusticias hoy guardan un silencio absoluto frente a problemas que generan preocupación nacional.
Esa percepción volvió a fortalecerse cuando las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, en torno a las críticas de un comunicador de medios digitales sobre las limitaciones a la libertad de expresión contenidas en el nuevo Código Penal, ley «mordaza» provocaron una amplia reacción ciudadana.
Entonces surge otra pregunta: ¿de dónde proviene el engreimiento del gobierno?
Quizá de la ausencia de una sociedad civil verdaderamente independiente. De organizaciones y movimientos que antes llenaban las calles y que hoy parecen conformes con guardar silencio.
Si, como expresó el propio presidente, existe una comunicación permanente con quienes encabezaban aquellas movilizaciones, resulta legítimo preguntarse si algunos de esos movimientos respondían realmente a intereses ciudadanos o si terminaron alineados con un proyecto político que hoy ocupa el poder.
Ahí están las antiguas marchas de las sombrillas amarillas por el 4 % para la educación. ¿Dónde están ahora? ¿Por qué no levantan su voz frente a las denuncias de irregularidades que hoy también ocupan el debate público?
¿Será que quienes exigían transparencia terminaron conformándose con aquello que antes criticaban?
Y, si la ciudadanía continúa sintiendo que no encuentra representación en quienes antes decían defenderla, inevitablemente surgirán nuevas voces de protesta.
Finalmente, queda otra interrogante. Si, como ha sostenido el Gobierno, la pobreza se ha reducido de manera extraordinaria, ¿por qué una parte importante de la población sigue percibiendo que el costo de la vida aumenta, que los servicios públicos no mejoran al mismo ritmo y que sus dificultades económicas continúan?
En democracia, las preguntas nunca deben verse como una amenaza. Son el instrumento mediante el cual los ciudadanos exigen cuentas a quienes ejercen el poder.
